La defensa de Lidia Patty anuncia acción de libertad por vulneración del debido proceso
La defensa de Lidia Patty presentará una acción de libertad para revertir la ampliación de su detención preventiva en el caso Tomates del Fondo Indígena, según informó su abogado Jorge Nina el 12 de mayo de 2026.
Denuncia de vulneración procesal
El abogado Jorge Nina calificó la decisión judicial como un “atropello” y una “arbitrariedad”. La autoridad jurisdiccional amplió seis meses más la detención preventiva de Patty para que el Ministerio Público investigue hechos en Tarija. El proceso original estaba delimitado a hechos de Charazani, lugar de origen de la exdiputada. Nina afirmó que la Fiscalía pretende investigar hechos sobre los que Patty nunca declaró, lo que vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso.
Alternativas a la prisión
Nina cuestionó el uso de la detención preventiva, ya que Patty regresó voluntariamente desde Argentina, donde ejercía como cónsul, para asumir su defensa en Bolivia. El jurista sostuvo que existían alternativas menos gravosas, como la detención domiciliaria con mecanismos de control y geolocalización.
Detalles del caso Tomates
Nina afirmó que la Fiscalía debe demostrar que su defendida actuó con dolo y obtuvo un beneficio económico personal, extremo que negó enfáticamente. Patty recibió 700 mil bolivianos para un proyecto, pero la obra quedó inconclusa porque el Fondo Indígena no realizó los desembolsos posteriores. La responsabilidad no puede recaer sobre ella cuando el Estado paralizó el financiamiento, argumentó.
Antecedentes del proceso judicial
Los hechos investigados se remontan a 2010. Nina sugirió que la reactivación del caso tras 15 años podría responder a motivaciones políticas o represalias. Dentro de las investigaciones fueron citadas otras exautoridades, entre ellas el presidente Luis Arce Catacora, como autoridad de la época.
Estrategia jurídica futura
La defensa trabaja en una nueva acción de libertad para dejar sin efecto la ampliación de la detención. Una acción anterior fue rechazada en primera instancia y está en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre. Nina advirtió que, si no encuentran reparación en instancias nacionales, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
