Pequeños pescadores rechazan economía azul y exigen justicia azul
Grupos de pequeños pescadores cuestionan la agenda de la economía azul en foros internacionales. Consideran que este concepto, definido por el Banco Mundial como uso sostenible de recursos para crecimiento económico, perjudica a sus comunidades y ecosistemas. En la Conferencia del Océano de la ONU en Francia (junio de 2025), usaron camisetas con el lema «No a la economía azul». Organizaciones de varios continentes coordinan acciones y promueven la «justicia azul», que centra los derechos humanos y derechos de tenencia marina.
Definición controvertida de la economía azul
El término economía azul fue acuñado por Gunter Pauli en su libro de 2010. La ONU lo respaldó en la conferencia Río+20 de 2012. Un artículo de 2022 en la revista One Earth califica el término de «confusocontradictorio». El Banco Mundial lo define como «el uso sostenible de los recursos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y la creación de empleo, preservando la salud de los ecosistemas oceánicos». Sin embargo, Mbacke Seck, director de Hann Baykeeper en Senegal, afirma que el término es «relativamente nuevo y su contenido sigue siendo poco comprendido dentro de nuestra comunidad».
Proyectos que afectan a comunidades costeras
El puerto pesquero de Shimoni (Kenia), valorado en 20 millones de dólares, se presentó como parte del plan de economía azul del gobierno. Tras su construcción, la pesca de pequeños pescadores se redujo y los cultivadores de algas sufrieron daños, según reportó Mongabay. Julián Medina Salgado, líder de pescadores en Colombia, vincula la economía azul con proyectos que le perjudican, como el transporte marítimo en el Golfo de Morrosquillo, donde un vertido de petróleo en 2014 le impidió pescar durante ocho días. Deborah Prado, investigadora de la Universidad Federal de São Paulo, afirma que «los intereses empresariales utilizan el término para encubrir la expropiación de territorios».
Coordinación internacional de pequeños pescadores
Organizaciones como la CAOPA (Confederación Africana de Organizaciones Profesionales de Pesca Artesanal), CoopeSoliDar de Costa Rica y la CFFA (Coalición para Acuerdos de Pesca Justos) apoyan la creación de una red de pequeños pescadores de varios continentes. Estos grupos lanzaron un «llamado a la acción» con cinco demandas clave, entre ellas «proteger la pesca a pequeña escala de los sectores competidores de la economía azul». En la UNOC 2025, varios representantes participaron en un panel sobre gobernanza oceánica basada en derechos humanos, encabezado por la relatora de la ONU Astrid Puentes. Puentes señaló que «los pueblos indígenas y los pescadores, al proteger su tierra o el océano, están bajo amenaza y criminalización». Carmen Mannarino, de Masifundise Development Trust en Sudáfrica, afirma que «la economía azul fomenta el extractivismo y las comunidades pesqueras pagan el precio».
Reacciones institucionales
La Comisión Europea declaró a Mongabay que «está profundamente comprometida con la salvaguarda de los intereses de los pequeños pescadores». El Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica rechazó la afirmación de que la planificación espacial marina excluyera a los pequeños pescadores, calificándola de «consulta y participativa».
Antecedentes: el origen del concepto de economía azul
El término «economía azul» fue acuñado por el empresario belga Gunter Pauli en 2010. Recibió respaldo institucional internacional en la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012. La economía azul ha generado financiación de gobiernos, fundaciones y bancos multilaterales. En el evento de la UNOC en Mónaco se comprometieron 8.700 millones de euros (unos 10.000 millones de dólares) para descarbonización del transporte marítimo, restauración de ecosistemas marinos y energía oceánica.
Implicaciones del conflicto entre economía azul y justicia azul
Las críticas a la economía azul han llevado al desarrollo del concepto de justicia azul, acuñado en 2018 en el Congreso Mundial de Pesca a Pequeña Escala. El instituto TBTI (Too Big To Ignore) exige que los gobiernos implementen las directrices voluntarias de la FAO para garantizar la participación de los pequeños pescadores. Solo un «puñado» de los más de 190 estados miembros de la ONU han creado planes de acción nacionales para aplicar estas directrices. Los defensores de la justicia azul también respaldan los derechos de uso territorial en la pesca (TURF) y zonas de exclusión costera para prohibir la pesca industrial cerca de la costa. Vivienne Solís Rivera, de CoopeSoliDar, señaló que la gentrificación ha reducido el acceso al océano de personas de ascendencia indígena o africana en América Latina. Julián Medina concluyó que «el progreso significa vivir bien, tener aire limpio y agua no contaminada».
