El TSJ limitará su actuación a procesados del estado de excepción

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no intervendrá directamente en la aplicación del estado de excepción decretado por el Gobierno en Bolivia. Su presidente, Rómer Saucedo, aclaró que el Órgano Judicial solo ejercerá control jurisdiccional si existen personas procesadas y puestas a disposición de jueces.

Rol judicial durante la excepción

Rómer Saucedo afirmó que el TSJ respeta la declaración de excepción como una atribución exclusiva del presidente del Estado y sus ministros. La autoridad judicial indicó que la promulgación del decreto es competencia del Ejecutivo, por lo que el Tribunal se limita a cumplir su función solo cuando haya procesados. “Nosotros como justicia simplemente nos limitamos a cumplir nuestro rol en caso de que hubieran personas procesadas o puestas a disposición de los jueces de instrucción”, sostuvo Saucedo.

Actuación solo con procesos judiciales

El titular del TSJ explicó que, mientras no existan personas sometidas a procesos judiciales derivados del decreto, el Órgano Judicial no tendrá participación activa en su ejecución. “Si hay personas que son procesadas y puestas a disposición de los jueces en el sistema boliviano, ahí ejerceremos nuestras funciones a través de ellos. Por el momento no tenemos ninguna participación directa”, precisó. Saucedo recomendó a las instituciones encargadas de la medida actuar con prudencia y dentro de los límites de la ley, velando por la seguridad de las personas.

Origen de la medida extraordinaria

El estado de excepción fue activado por el Gobierno nacional en todo el país para restablecer la libre circulación y garantizar el abastecimiento de productos esenciales, tras 51 días de conflicto y 46 de bloqueos. Saucedo instó a las fuerzas del orden a actuar sin derramamiento de sangre y de forma excepcional.

Implicaciones de la postura judicial

El TSJ remarcó que mantendrá una posición de respeto a las competencias de los demás órganos del Estado. Su función será garantizar el debido proceso y el control jurisdiccional cuando corresponda. “Respetamos las decisiones que asuma el Ejecutivo y reiteramos nuestra postura de mantenernos como un órgano independiente del Estado”, agregó Saucedo, lo que limita la actuación judicial a los casos concretos que lleguen a los tribunales.