Los cívicos respaldan el estado de excepción y exigen sanciones
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aplaudió este sábado la aplicación estricta del estado de excepción y exigió el desbloqueo inmediato de las carreteras, especialmente en el municipio de San Julián, tras más de 50 días de conflicto.
Aplauso a la medida y demanda de justicia
El dirigente cívico calificó la medida excepcional como una decisión “histórica” y señaló que fue una demanda reiterada de la población que reclamaba garantías para el libre tránsito y el abastecimiento. Cochamanidis atribuyó a los promotores de las movilizaciones la responsabilidad por las pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares, más de 150.000 fuentes laborales afectadas y más de una veintena de fallecimientos. Aseguró que el Comité pro Santa Cruz impulsará acciones para que los responsables respondan ante la justicia.
San Julián, el principal foco del conflicto
Respecto al bloqueo que persiste en San Julián, el dirigente indicó que mantiene comunicación con autoridades policiales, militares y departamentales para buscar una solución negociada. Advirtió que, si el diálogo fracasa, la Policía y las Fuerzas Armadas tienen la obligación de intervenir para garantizar la transitabilidad. Según Cochamanidis, la apertura de esa vía es fundamental para restablecer el flujo de productos, combustibles y mercancías hacia distintas regiones del país.
Repercusión en el sector agropecuario
Representantes del sector agropecuario respaldaron la aplicación del estado de excepción. Según los datos expuestos, la cadena productiva registró pérdidas cercanas a los 50 millones de dólares por día. Sectores como la avicultura, la porcicultura y la producción lechera fueron algunos de los más afectados. Los dirigentes advirtieron que varias empresas cerraron operaciones y que la recuperación de las cadenas productivas demandará tiempo.
Antecedentes: más de 50 días de bloqueo
El texto indica que los bloqueos, que se prolongaron durante más de 50 días, provocaron pérdidas de más de 3.000 millones de dólares, afectaron a 150.000 fuentes laborales y ocasionaron más de una veintena de fallecimientos. La medida excepcional fue una demanda reiterada de diversos sectores para recuperar el libre tránsito y el abastecimiento.
Implicaciones del respaldo cívico
El respaldo del Comité pro Santa Cruz refuerza la aplicación del estado de excepción y la posible intervención de las fuerzas del orden en San Julián. Las exigencias de sanciones para los responsables de las movilizaciones indican que el conflicto podría derivar en acciones legales, mientras la recuperación económica del agro y el comercio se perfila como un desafío a largo plazo.
