ANPB condena escalada de violencia contra periodistas en Bolivia
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) condena la escalada de violencia contra trabajadores de la prensa registrada durante movilizaciones en La Paz, El Alto y Santa Cruz entre el 12 y el 14 de mayo de 2026. El pronunciamiento se suma a los de la ACPI y el CMPLP.
Agresiones durante la cobertura de protestas
La ANPB y sus nueve afiliadas repudian las agresiones físicas y verbales perpetradas contra trabajadores de la prensa. Exigen a las autoridades atender las causas de los problemas sociales e impulsar el cese de las condiciones que generan violencia. El 14 de mayo, un periodista del Grupo Fides fue interceptado y golpeado por cooperativistas mineros mientras realizaba cobertura en La Paz. El mismo día, un colega de la red Gigavisión resultó herido por el impacto de una granada policial en el rostro durante el ataque de maestros al Ministerio de Educación.
Ataques en El Alto y Santa Cruz
El miércoles 13 de mayo en El Alto, un corresponsal y un equipo de televisión fueron atacados por campesinos con hondas y piedras y expulsados. El martes 12 de mayo, una mujer con símbolos de dirigente originaria campesina asestó golpes en la cabeza a un camarógrafo de la red Unitel, también en El Alto. En Santa Cruz, la periodista Jeruslava Ojeda, de la cadena F10, sufrió lesiones que le impiden caminar al registrar una pelea entre un seguidor de Evo Morales y un dirigente de la UJC el 12 de mayo.
Antecedentes de impunidad en agresiones
Durante 2025 se registraron 52 agresiones a periodistas en Bolivia y hasta la fecha ningún responsable fue procesado ni sancionado. La ANPB denuncia una escalada sistemática de ataques y el uso de calificativos como “prensa vendida”.
Exigencias de garantías para la labor periodística
La ANPB y las nueve asociaciones departamentales exigen garantías reales para la labor informativa. Demandan una investigación inmediata que identifique y procese a los agresores. La organización recuerda que proteger el periodismo libre es un deber constitucional y el sostén de la democracia.
