Paraguay amplía reserva en el Gran Chaco, pero la deforestación sigue imparable

En 2011, Paraguay añadió 2,78 millones de hectáreas a la Reserva de la Biosfera del Chaco. Sin embargo, la deforestación persiste por falta de control y el impacto sobre los indígenas Ayoreo.
Conservation news
Tierras deforestadas para ganadería cerca de la Reserva de la Biosfera del Chaco.
Tierras deforestadas para ganadería cerca de la Reserva de la Biosfera del Chaco. / Aldo Benítez / Mongabay

Paraguay amplió reserva en 2011 pero la deforestación continúa

2,78 millones de hectáreas se añadieron a la Reserva de la Biosfera del Chaco en 2011. A pesar de ello, la zona sigue siendo una de las más afectadas por la pérdida de bosque en Paraguay.

Falta de control gubernamental

Las regulaciones se aplican de forma selectiva o se ignoran, según críticos. Los propietarios superan el límite legal de desmonte para crear pastos para ganado y agricultura. MADES, el ministerio de ambiente, no respondió a las solicitudes de comentario.

Impacto sobre los indígenas Ayoreo-Totobiegosode

El bosque se reduce y los indígenas pierden su hábitat. Dependen del bosque para alimentación, refugio y medicina y carecen de inmunidad frente a enfermedades externas. “Viven huyendo porque temen el ruido de la maquinaria”, declaró Guei Basui Picanerai, secretario de la asociación Ayoreo.

Antecedentes de la reserva ampliada

La reserva, de 4,7 millones de hectáreas, se creó por decreto en 2001 y fue incluida en el programa UNESCO en 2005. En 2011, Paraguay la amplió a 7,5 millones de hectáreas mediante resolución administrativa de MADES. La resolución cita a los indígenas en aislamiento voluntario como guardianes de los recursos naturales. Los propietarios deben mantener el 50% de vegetación nativa, pero los grupos defensores denuncian que el límite se supera con frecuencia.

Implicaciones políticas y futuras

Un proyecto de ley de 2019 para proteger la reserva caducó sin votación. La UNESCO solicitó a Paraguay revisar la zonificación y presentar un plan de gestión antes de septiembre de 2026. Grupos defensores y comunidades indígenas continúan denunciando la falta de aplicación de la resolución de 2011 mediante protestas y estudios científicos.

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