Brasil propone prohibir satélite contra deforestación amazónica

El sistema de embargo remoto ha permitido reducir a la mitad la deforestación en la Amazonia bajo el gobierno de Lula. La propuesta, impulsada por la bancada agropecuaria, obligaría a notificar al infractor antes de aplicar la sanción.

El proyecto que frena las multas por satélite

Un grupo de políticos y empresarios del estado de Pará protestó en mayo de 2025 contra los embargos impuestos por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) a 544 propiedades rurales en Altamira. Hoy, esa queja se ha convertido en un proyecto de ley que prohíbe los denominados embargos remotos. IBAMA utiliza imágenes de satélite para detectar la tala ilegal y emitir sanciones desde sus ordenadores, un sistema que ha sido clave para reducir la deforestación en la Amazonia. La entidad emite unos 4.000 embargos anuales, de los cuales la mitad se realizan de forma remota, con un coste de 3,54 reales por hectárea frente a los 50 reales de las inspecciones presenciales.

El argumento de los defensores de la ley

Los legisladores que apoyan la iniciativa sostienen que el sistema actual vulnera el derecho de los propietarios a presentar su defensa antes de que se aplique la medida. La nueva norma obligaría a notificar al infractor para que alegue antes del embargo. Los dueños pueden recurrir la decisión después de la sanción. Una vez embargada, la tierra no puede recibir préstamos bancarios ni figurar en listas de proveedores de mataderos y comercializadoras de grano que rechazan la deforestación ilegal. Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, explica que «quien tiene su propiedad embargada no puede acceder al crédito público».

Un paso atrás hacia el fax

El proyecto forma parte del llamado «Paquete de Destrucción», un conjunto de 70 propuestas que debilitan la legislación ambiental y los derechos indígenas. Una de estas medidas, considerada el mayor retroceso ecológico en 40 años, se aprobó en 2025 y flexibilizó el marco de licencias ambientales. Con las elecciones de octubre de 2026, el respaldo a estas leyes antiecologistas se ve como una táctica de reelección para muchos legisladores. La aprobación se considera alta por el peso de la bancada agropecuaria en el Congreso.

La advertencia de los inspectores

El proyecto también cuestiona las «medidas cautelares» de IBAMA, como la incautación y destrucción de maquinaria, empleadas en el 70% de las operaciones. Jair Schmitt, director de IBAMA, advierte que prohibir la tecnología es «querer volver al fax», ya que ralentiza la vigilancia en zonas remotas. Un agente sobre el terreno emite dos embargos diarios, mientras que vía satélite alcanza los diez. Wallace Lopes, de la asociación de agentes ambientales, señala que las multas apenas se pagan, pero las medidas cautelares «causan dolor de cabeza a los infractores» al tener un efecto inmediato.

Antecedentes: el sistema que frenó la tala

IBAMA emplea imágenes de satélite desde 2016. En 2023, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, intensificó esta estrategia para compensar la falta de inspectores, que son solo 750 para todos los biomas brasileños. Este sistema contribuyó a reducir a la mitad la deforestación en la Amazonia durante el gobierno de Lula. El Observatorio del Clima afirma que el proyecto busca bloquear una medida que funciona.

Implicaciones para la Amazonia

Aprobada la ley, la vigilancia ambiental se ralentizaría y encarecería, limitando la capacidad de IBAMA para frenar la tala ilegal. Los infractores podrían operar con menos restricciones inmediatas. La medida beneficia a terratenientes, mineros ilegales y ocupantes de tierras, mientras que dificulta la labor de los agentes ambientales. La repercusión afecta directamente a los objetivos de conservación de la Amazonia y a la lucha contra el cambio climático.