Bolivia propone penas más duras para conductores negligentes y empresas de transporte

Una propuesta legislativa en Bolivia busca endurecer las penas por accidentes de tráfico, incluyendo hasta 12 años de prisión por muertes y responsabilidad penal para empresas de transporte. Se basa en los más de 18.000 siniestros de 2024.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
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Imagen sin título / Autor no disponible / El Diario La Paz / ANF

Proyecto de ley endurece penas por accidentes de tránsito e incluye a empresas

Las penas por accidentes mortales podrían llegar a 12 años de prisión. El diputado Rolando Kobayashi presentó una propuesta para modificar el Código Penal. La iniciativa responde a los más de 18.000 siniestros registrados en Bolivia en 2024.

Castigos diferenciados por gravedad

El proyecto establece sanciones según las consecuencias. Para casos de muerte, prevé penas de 5 a 10 años e inhabilitación para conducir. Por lesiones graves, la sanción oscilaría entre 3 y 6 años de cárcel.

Agravantes que incrementan la pena

La pena aumenta un tercio por ciertas conductas. Estas incluyen exceso de velocidad, fuga del lugar y conducción sin licencia. También se aplica a conductores de transporte público o servicios remunerados.

Responsabilidad penal para empresas de transporte

La propuesta introduce un aspecto innovador. Propietarios o gerentes podrían enfrentar penas de 3 a 5 años. Esto aplica si un accidente con víctimas se debe a fallas en control o mantenimiento de la empresa.

Conducción bajo efectos y omisión de socorro

Con alcohol o drogas, las penas son mayores. Por muertes o lesiones, se elevan a un rango de 8 a 12 años con inhabilitación definitiva. El abandono de víctimas se castiga con penas de 3 a 6 años, que pueden subir a 10.

Antecedentes: cifras que sustentan la ley

El proyecto se basa en datos de 2024. Ese año se registraron más de 18.000 accidentes en Bolivia, con 1.748 fallecidos y más de 15.800 heridos. La normativa vigente se considera insuficiente.

Cierre: buscando un marco legal más riguroso

La iniciativa busca establecer un marco legal más estricto. Su objetivo es priorizar la protección de la vida y la atención a víctimas. Las modificaciones al Código Penal pretenden sancionar con mayor rigor la gravedad de estas conductas.

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