Bloquean autonomía indígena en Lomerío

Autoridades y grupos cívicos impiden asamblea para ratificar el estatuto autonómico de la Nación Monkoxi en Lomerío, vulnerando su derecho a la autodeterminación.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia

Autoridades y cívicos bloquean autonomía indígena en Lomerío

Grupos afines al Comité Pro Santa Cruz impiden asamblea para ratificar estatuto autonómico. Ocurrió este 3 de junio en el Territorio Lomerío (Chiquitanía). La CICOL denuncia que se vulnera el derecho a la autodeterminación de la Nación Monkoxi.

«No quieren que decidamos por nuestras normas»

El bloqueo fue anunciado el lunes por Jesús Viana (Concejo Municipal de Lomerío), Ignacio Soriocó y Marcelo Méndez (Comité Pro Santa Cruz). Declararon «personas no gratas» a los vocales del TSE, que supervisarán la Asamblea Extraordinaria convocada para el 4 de junio. La CICOL busca ratificar su estatuto autonómico, ya aprobado en 2020 por normas propias, pero ahora incluyendo a minorías de la TCO.

Actores en conflicto

María Choré (Organización de Mujeres Indígenas) acusó al gobierno municipal de usar recursos públicos para financiar el bloqueo: «Vulneran nuestro derecho a decidir». Los cívicos exigen un referéndum con voto secreto, desconociendo los procedimientos indígenas. Nélida Faldín (asambleísta indígena) responsabilizó al «proceso burocrático del Estado» por retrasar el ejercicio de sus derechos.

Una lucha de dos décadas

La Nación Monkoxi de Lomerío aprobó su estatuto en 2020 bajo la Ley 1198, que reconoce su derecho a autogobierno. Sin embargo, autoridades municipales y cívicos lo impugnaron, alegando irregularidades. En 2019 ya hubo bloqueos violentos durante otra asamblea autonómica.

El TSE en la mira

El Tribunal Supremo Electoral confirmó que supervisará la asamblea del 4 de junio, pese a las presiones. Jesús Viana, aliado de los cívicos, acusó al TSE de «imponer» la autonomía indígena. La CICOL insiste en que cumplieron todas las exigencias legales para validar su estatuto.

Un derecho pendiente

El conflicto refleja la tensión entre la autonomía indígena reconocida en la Constitución y la oposición de actores políticos locales. La resolución dependerá de si el Estado garantiza el proceso o cede a presiones externas.

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