Mineros ilegales se fragmentan en la Amazonía de Yanomami
La actividad minera ilegal se redujo un 99% desde 2023, pero los mineros se reorganizan en grupos más pequeños y se adentran en la selva para evadir a las autoridades, según un informe del Instituto Socioambiental (ISA) y Amazon Conservation. El gobierno brasileño reconoce que la erradicación total aún no se ha logrado.
Estrategias de adaptación de los mineros
Los mineros se fragmentan en grupos pequeños y se desplazan a zonas fronterizas con Venezuela y Guyana. Según el informe, abandonan las pistas de aterrizaje y se internan en la selva, donde la detección por satélite es casi imposible. Nilton Tubino, jefe de la Casa de Gobierno en Roraima, explicó que la operación está en fase de «rastreo del territorio» con caminatas de hasta 100 kilómetros.
El costo de la actividad minera ha aumentado drásticamente. Un litro de diésel cuesta 70 reales en el territorio, frente a los 7,70 reales en Boa Vista. Un «billete» de avión de ida y vuelta para un minero cuesta unos 20 gramos de oro, unos 15.000 reales.
Concentración en zonas fronterizas
Los mineros permanecen en las fronteras para eludir la inspección, utilizando bases en la Amazonía venezolana, como la pista de aterrizaje de Simada Ocho. Dário Kopenawa Yanomami, vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami (HAY), declaró: «Los mineros que están en las fronteras continúan invadiendo nuestra tierra».
Repercusión en pueblos indígenas aislados
El informe alerta sobre el riesgo para el pueblo indígena aislado Moxihatëtëma Thëpe, con una población estimada de 75 a 100 personas. En 2023, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) detectó puntos de minería ilegal cerca de estos grupos. Carlos Travassos, activista y consultor del ISA, advirtió que la minería ilegal está vinculada a brotes de malaria que amenazan a estas comunidades.
Según el Ministerio de Salud, la transmisión de malaria en el territorio se redujo un 21,4% entre 2023 y 2025, y las muertes descendieron un 80,8% en el mismo período.
Antecedentes: crisis sanitaria bajo Bolsonaro
Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), las muertes por desnutrición entre los yanomami aumentaron un 331%, con 117 fallecimientos. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva declaró una emergencia sanitaria en 2023 por la contaminación por mercurio y enfermedades generalizadas. La FUNAI afirmó que la persistencia de focos residuales de minería ilegal «refuerza la necesidad de mantener acciones continuas de monitoreo e inspección».
Implicaciones de la nueva estrategia minera
La descentralización de los mineros ilegales complica los operativos de las autoridades brasileñas, que han destruido 907 campamentos, 87 pistas de aterrizaje y 55 aeronaves desde 2024. Dário Kopenawa Yanomami instó a que «el gobierno debe continuar las operaciones hasta que termine la minería ilegal». El gobierno estima que unos 7.000 mineros ilegales permanecen dentro del territorio.
