Pocoata niega responsabilidad en triple linchamiento y exige el retorno policial
Las autoridades de Pocoata rechazaron que la población local sea responsable del triple linchamiento de tres jóvenes acusados de robo y exigieron el retorno inmediato de la Policía, la Fiscalía y el Juzgado, que se replegaron tras los hechos del 29 de mayo de 2026.
Autoridades locales culpan a foráneos
El pronunciamiento, emitido en el Salón Rojo del municipio, señala que los responsables no pertenecen a la población urbana de Pocoata, sino que llegaron desde comunidades aledañas tras conocer la aprehensión de los sospechosos. Los representantes sostienen que el linchamiento ocurrió de noche, cuando la mayoría de los habitantes se encontraba en sus domicilios, y afirman que históricamente han recurrido a las instituciones estatales para resolver conflictos.
Repliegue institucional tras los ataques
El comandante regional del norte de Potosí, coronel Luis Alejandro Meneses, confirmó el repliegue total de efectivos policiales y del personal del Ministerio Público. Meneses explicó que unas 200 personas irrumpieron en las dependencias policiales, violentaron candados, destruyeron bienes y sacaron a los tres detenidos, que fueron amarrados y quemados vivos en el Cementerio General. Un contingente de refuerzo de treinta personas no pudo ingresar debido a bloqueos y amenazas de dinamitar las carreteras.
Antecedentes: la noche del linchamiento
La madrugada del 29 de mayo, una turba sacó por la fuerza de las celdas policiales a Félix C.P. (28), Eloy C.C. (24) y Riner M.F. (22), acusados del robo de un vehículo. Los tres fueron hallados calcinados en el Cementerio General de Pocoata. La Policía intentó movilizar refuerzos, pero los bloqueos impidieron el ingreso oportuno de los efectivos.
Implicaciones: el vacío estatal y la investigación en curso
El repliegue deja al municipio en condición de vulnerabilidad, según las organizaciones sociales, que se comprometieron a brindar protección a los funcionarios públicos para que retomen sus funciones. Una comisión de fiscales investiga el delito de asesinato para identificar a los autores materiales e intelectuales del triple crimen. El caso reabre el debate nacional sobre la justicia por mano propia y la presencia estatal en regiones alejadas.
