Policía pide denunciar a dirigentes que obligan a marchar
El comandante regional de la Policía en El Alto, Fernando Rojas, pidió denunciar a los dirigentes que obligan a marchar. La solicitud se produce tras denuncias en redes sociales sobre amenazas de multas o marcado de casas a quienes no participan en bloqueos.
Denuncias de «dictadura sindical» durante las protestas
Durante las semanas de protesta, en redes sociales circularon varias denuncias de dirigentes que están obligando a sus bases, bajo amenaza de multa o marcado de casas, a marchar y bloquear carreteras. Rojas dijo no conocer esos casos y por eso la Policía no inició ninguna investigación por denuncias de extorsión o «dictadura sindical». Sin embargo, pidió a los afectados denunciar a los agresores. “Nosotros hacemos un llamado a la población en general: si son víctimas de este tipo de audios o amenazas, tienen la obligación y el derecho de hacer conocer a la Policía para que podamos iniciar con las investigaciones”, indicó Rojas esta mañana.
Reacción vecinal ante bloqueos en El Alto
El conflicto de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz aún no se soluciona. El Gobierno resaltó que no harán caso a pedidos inconstitucionales. Durante las últimas semanas, varios sectores comenzaron a criticar a sus dirigentes por tomar decisiones a nombre de todos sin ser consultados. Prueba de ello, en la ciudad de El Alto, vecinos se organizaron para expulsar a los bloqueadores y liberar varias vías tomadas.
Origen de las amenazas: más de un mes de bloqueos
A más de un mes de bloqueos en el departamento de La Paz, el conflicto entre manifestantes y el Gobierno no se soluciona. Los manifestantes exigen la dimisión del jefe de Estado, mientras el Ejecutivo rechaza los pedidos por considerarlos inconstitucionales.
Implicaciones de la falta de denuncias formales
La ausencia de investigaciones por parte de la Policía deja en evidencia la dificultad de perseguir estas coacciones sin denuncias formales de las víctimas. La llamada del comandante Rojas busca que los afectados rompan el silencio para iniciar procesos legales contra los dirigentes que emplean amenazas.
