La Fiscalía de Perú pide cinco años de prisión para Roberto Sánchez
La Fiscalía de Perú solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para el candidato presidencial Roberto Sánchez por presunta falsedad en declaraciones sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020. Sánchez aspira al balotaje contra Keiko Fujimori, con un leve margen sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga.
Acusación por información falsa ante el organismo electoral
La Fiscalía atribuye a Sánchez los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones e ingresos de su organización política, Juntos por el Perú. La acusación se basa en inconsistencias detectadas en los reportes financieros del partido para comicios regionales y municipales. Según el Ministerio público, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en aportes no declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Rechazo parcial previo y próxima audiencia
El caso se presentó ante los tribunales en enero de 2026, pero la justicia lo rechazó parcialmente y ordenó a los fiscales reformularlo. El Poder Judicial programó una audiencia para el 27 de mayo para decidir si el caso pasa a juicio oral o se archiva. Sánchez aseguró en redes sociales que «la justicia ya archivó las acusaciones sobre un supuesto uso personal de recursos» y negó fraude o apropiación indebida.
Antecedentes judiciales del candidato progresista
La Fiscalía de Perú presentó la acusación original en enero de 2026, pero la justicia la rechazó parcialmente y pidió su reformulación. Sánchez sostiene que las acusaciones buscan desacreditarlo políticamente y señala que otros cargos previos ya fueron archivados.
Impacto en la recta final del escrutinio electoral
Con el 99,94% de los votos escrutados, Keiko Fujimori lidera la primera vuelta con el 17,1% de los sufragios. Sánchez y López Aliaga se disputan el segundo puesto con el 12% y el 11,9%, respectivamente. El recuento oficial concluirá esta semana, mientras la candidatura de Sánchez queda sujeta a la resolución judicial del 27 de mayo.
