Bolivia registra 67 bloqueos y una inflación del 14%
67 bloqueos activos aíslan La Paz y agravan la crisis económica, según la Policía de Bolivia.
Bloqueos multiplican el desabastecimiento en La Paz
La Policía de Bolivia contabilizó 67 bloqueos activos el 12 de mayo de 2026. La Defensoría del Pueblo solicitó corredores humanitarios por la escasez de alimentos y combustible. El Gobierno estableció un puente aéreo con 10.000 kilogramos de carne para abastecer la capital.
Marchas y huelgas confluyen en las protestas
La marcha evista «Por la vida y para salvar Bolivia» partió de Caracollo hacia La Paz el 12 de mayo. La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene una huelga indefinida que exige un aumento salarial del 20% y la abrogación de la Ley 1720. Mineros, transportistas, cocaleros y federaciones campesinas participan en las movilizaciones.
La inflación más alta en cuatro décadas
La inflación interanual alcanzó el 14% en abril de 2026, el peor registro en unos cuarenta años, según AFP y Unitel. La escasez de diésel paraliza la minería cooperativista y afecta al transporte y la distribución de alimentos.
Ley 1720 como detonante del conflicto
La Ley 1720, promulgada el 8 de abril de 2026, permite convertir pequeñas propiedades agrícolas en medianas para usarlas como garantía bancaria. Las federaciones indígenas y campesinas la rechazan por considerar que facilita la concentración de tierras.
Reformas de Paz Pereira en medio de la crisis
El presidente Rodrigo Paz Pereira presentó el 9 de mayo en Cochabamba un paquete de leyes para desmantelar el Estado Tranca: Ley de Electricidad, de Inversiones, de Minería, de Economía Verde y del Empresario Boliviano. El Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa la abrogación de la Ley 1720, pero rechazó el aumento salarial del 20% por motivos fiscales.
Implicaciones de la movilización general
La misma base social que tumbó al MAS en las elecciones de 2025 se moviliza ahora contra Paz Pereira a los seis meses de su mandato. La Federación Túpac Katari exige la renuncia del presidente. El riesgo se centra en la capacidad del Gobierno para gestionar el diálogo mientras la presión económica se intensifica.
