La Paz encarcela a exjefe del BCB por pérdida de US$140 millones en bonos
Un tribunal de apelaciones de La Paz ordenó prisión preventiva para el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Edwin Rojas y tres exdirectivos. La decisión se tomó el 12 de mayo de 2026 por presuntas irregularidades en un programa de canje de bonos soberanos de 2024. Los fiscales estiman un daño de US$124 millones y el Ejecutivo de US$142 millones.
La decisión judicial y los detenidos
Una sala de apelaciones de La Paz revocó la prisión domiciliaria y ordenó dos meses de detención preventiva en la prisión de San Pedro para Edwin Rojas, Pascual Oswaldo Quelali, Oscar Ferrufino y Sergio Colque. El fiscal departamental Carlos Torrez confirmó las órdenes de detención. Rolando Olmos fue enviado a prisión preventiva y Renán Franco quedó en arresto domiciliario. Los cargos son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El presunto fraude en bonos soberanos
Los investigadores sostienen que los ejecutivos aprobaron una normativa en 2024 para realizar siete operaciones de canje de bonos con entidades bancarias privadas. Los bonos se transfirieron a precios cercanos a su valor nominal cuando en el mercado secundario cotizaban al 54-57% de ese valor. El fiscal anticorrupción Miguel Cardozo afirmó que “compraron y vendieron bonos a montos superiores a los establecidos”. Las operaciones ocurrieron durante la aguda crisis de escasez de dólares en Bolivia.
El origen de la investigación
Roger Edwin Rojas Ulo fue nombrado presidente interino del BCB en noviembre de 2020 por el entonces ministro de Economía Marcelo Montenegro. Permaneció en el cargo durante todo el gobierno de Luis Arce. La investigación se abrió tras una auditoría encargada por la nueva administración del BCB instalada tras la llegada al poder de Rodrigo Paz Pereira en noviembre de 2025. El Ministerio Público presentó cargos formales a finales de abril.
Implicaciones del caso
El caso supone la primera vez que una administración del BCB presenta cargos penales contra sus predecesores. Para los inversores internacionales, el caso tiene carácter informativo mientras la nueva administración busca recuperar la solvencia crediticia. En el plano político, se suma a la presión legal contra tres generaciones del liderazgo del Movimiento al Socialismo, incluyendo citaciones a Luis Arce y el juicio contra Evo Morales.
