Colombia suspende la transferencia de pensiones de Petro por 5.900 millones
El tribunal administrativo suspendió el decreto que ordenaba transferir 25 billones de pesos de fondos privados al gestor estatal. La decisión judicial del 11 de mayo de 2026 paraliza la maniobra fiscal del gobierno a 19 días de la primera vuelta electoral.
La corte paraliza el decreto presidencial
La segunda sala del tribunal administrativo suspendió de forma provisional el decreto que ordenaba a los administradores privados transferir los ahorros de 119.632 trabajadores a Colpensiones. El magistrado ponente Juan Enrique Bedoya concluyó que el ejecutivo ordenó la transferencia antes de que existiera la cuenta especial que debía recibir los fondos. Solo unos 20.000 afiliados tenían consolidados sus derechos de pensión, mientras la ley solo permitía el traslado de trabajadores con pensión cristalizada.
La respuesta del presidente Petro
Petro calificó la sentencia de «golpe contra el pueblo» y exigió acciones penales contra el juez Bedoya. El presidente nombró a Luis Carlos Sarmiento y al grupo empresarial Antioquia como beneficiarios de la decisión. Petro reavivó su propuesta de reescribir la Constitución mediante una asamblea constituyente.
La reacción unificada de las cortes
Los tribunales superiores de Colombia emitieron un comunicado conjunto el 12 de mayo citando el artículo 113 sobre separación de poderes. La comisión interinstitucional advirtió sobre «la deteriorada confianza institucional» y defendió el control judicial como garantía democrática. El banco central cuestionó el decreto por razones técnicas y de estabilidad fiscal.
El contexto previo a las elecciones
La confrontación ocurre 19 días antes de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026. El candidato izquierdista Iván Cepeda lidera las encuestas frente a dos rivales de derecha. Cepeda se distanció de la propuesta de asamblea constituyente de Petro en su acuerdo con el Partido Verde.
Las implicaciones de los fondos congelados
Los 25 billones de pesos representan el mayor pool de capital que la reforma de pensiones intentaba redirigir. Fedesarrollo advirtió que la transferencia amenazaba la estabilidad fiscal y la profundidad del mercado de capitales. Sin estos fondos, el estado absorbería la responsabilidad pensional de los trabajadores transferidos sin los activos correspondientes.
