La prensa paceña condena represión policial y anuncia querella
Las federaciones de trabajadores de la prensa de La Paz y El Alto anunciaron un proceso penal contra los responsables de las agresiones a periodistas ocurridas ayer en la Plaza Murillo. La dirigente Carmiña Moscoso denunció el uso de agentes químicos y presión física por parte de la Policía durante la cobertura de una protesta del magisterio.
Agresiones durante la cobertura de una protesta
La dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Carmiña Moscoso, denunció que efectivos policiales utilizaron agentes químicos y ejercieron presión física contra los periodistas. “Nos gasifican en la cara, nos empujan, nos quieren amedrentar (…) no han respetado ni mujeres, ni cámaras, ni micrófonos”, afirmó Moscoso. La dirigente aseguró que se vulneró el derecho a la información y el acceso a la población a estar informada.
Anuncio de acciones legales
El dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de El Alto, Roger Romero, calificó los hechos como agresiones injustificadas y anunció el inicio de un proceso penal. “Vamos a presentar una querella contra los autores que hayan golpeado, intimidado y gasificado a los compañeros de la prensa”, declaró. Romero indicó que el caso ya fue puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo y que se impulsarán acciones legales por agresiones contra el ejercicio del trabajo periodístico.
Detalles del operativo policial
Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) intervinieron en la Plaza Murillo para despejar una movilización del magisterio que exigía incremento salarial. Durante el operativo, los uniformados utilizaron gas lacrimógeno y retiraron a periodistas con empujones mientras realizaban su labor.
Reacciones de los afectados
Moscoso anunció que solicitarán audiencias con el Comando Departamental y el Comando General de la Policía, además de acudir al Defensor del Pueblo y a instancias de derechos humanos para formalizar las denuncias. El Ministerio de Gobierno aún no se pronunció sobre la vulneración a los derechos constitucionales de libertad de prensa y acceso a la información.
