La ley contra la tortura reforma la cultura interna de la Policía Boliviana
El Proyecto de Ley Integral contra la Tortura plantea una transformación estructural en la Policía Boliviana, según el texto de la Agencia de Noticias Fides (ANF) del 22 de abril de 2026. La norma introduce cambios en la formación, los protocolos y la disciplina, con el objetivo de modificar prácticas institucionales.
Formación y transparencia como ejes del cambio
El proyecto establece la incorporación obligatoria de contenidos sobre prevención de la tortura en la malla curricular de todos los institutos policiales. Se exige que los lineamientos del Plan Nacional de Lucha contra la Tortura se integren en los planes estratégicos y operativos anuales. Para reforzar la transparencia, todos los efectivos deberán portar un número de identificación visible en sus uniformes, incluso en operativos de control del orden público. Además, se impone la obligación de llevar un registro detallado del material antidisturbios para asegurar su trazabilidad.
Adopción de estándares internacionales
El texto normativo obliga a implementar el Protocolo de Estambul para investigar la tortura y el Protocolo de Minnesota para muertes ilícitas. La Policía deberá aplicar los Principios Méndez, que promueven técnicas de interrogatorio no coercitivas, con un plazo de 90 días para adecuar los procedimientos. La norma también prohíbe que un efectivo justifique su accionar ilegal en la obediencia debida, reconociendo el incumplimiento de órdenes superiores como eximente de responsabilidad cuando impliquen actos de tortura. Las sanciones incluyen la destitución inmediata y la prohibición permanente de portar armas reglamentarias.
Fortalecimiento del MNP y canalización de denuncias
El proyecto refuerza el rol del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). La Policía deberá garantizar el acceso irrestricto del MNP a todos los lugares de detención y facilitar información relevante. El MNP podrá realizar entrevistas privadas y confidenciales con detenidos, y cualquier obstaculización será sancionada. En materia de denuncias, la Policía debe canalizar todo caso de tortura al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas. El incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones penales de 1 a 3 años de prisión para el funcionario responsable.
Antecedentes: la Policía como institución más señalada
Según la ANF, la Policía Boliviana es la institución más señalada por cometer actos de tortura. El proyecto de ley, presentado en abril de 2026, apunta a sancionar conductas individuales y a modificar prácticas institucionales arraigadas para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Implicaciones de la reforma policial
La norma obliga a la Policía a supervisar el cumplimiento de estándares internacionales como las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok en recintos penitenciarios. Se exige capacitación continua en derechos humanos, manejo de crisis y atención digna a personas privadas de libertad. El proyecto establece un nuevo marco disciplinario que transforma la lógica de obediencia jerárquica en la institución.
