Quiroga y Velasco apoyan el estado de excepción y piden su aprobación
El expresidente Jorge Tuto Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, respaldaron el estado de excepción dictado por el Gobierno de Rodrigo Paz y solicitaron a la Asamblea Legislativa su aprobación en el plazo constitucional, según informó la Agencia de Noticias Fides (ANF) este 20 de junio de 2026.
Respaldo político desde LIBRE y Santa Cruz
Quiroga, líder de LIBRE, señaló que su bancada respaldará la aprobación del decreto en el Legislativo. “La libertad de millones vale más que los bloqueos de unos miles”, afirmó a través de redes sociales, calificando el bloqueo de 50 días como “inhumano”. El exmandatario instó a apoyar este “instrumento constitucional” para recuperar la normalidad.
Por su parte, Velasco ofreció colaboración institucional a las fuerzas del orden para las tareas de desbloqueo. “Ponemos a disposición nuestras instalaciones para habilitar un Centro de Información y Atención a Familiares” de los bolivianos que pudieran verse involucrados en los operativos, declaró el gobernador cruceño.
Medidas del Ejecutivo y coordinación con fuerzas de seguridad
El presidente Paz promulgó el decreto horas después del acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) que levantó sus medidas de presión. El estado de excepción tendrá vigencia de 90 días para liberar carreteras bloqueadas por sectores radicales. Velasco anunció que se coordinarán acciones con la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, además de realizar un monitoreo permanente en puntos críticos.
Cuestionamientos y antecedentes de la medida
El expresidente cuestionó que el Gobierno demorara mucho en dictar la determinación. Quiroga expresó su expectativa de que se cuente con logística, material disuasivo y equipos de inteligencia para evitar ataques contra los uniformados en puntos conflictivos.
Implicaciones para el conflicto y el orden público
La aprobación del estado de excepción por parte de la Asamblea Legislativa es vista como un paso necesario para recuperar la paz, el libre tránsito y la normalidad de las actividades económicas y sociales en el país, según los respaldos políticos expresados. El decreto busca poner fin a los bloqueos que han afectado a la población.
