Lupo niega impunidad en diálogo con la COB
El diálogo entre el Gobierno y la COB no otorgará impunidad a quienes cometieron delitos durante los casi 50 días de conflicto en La Paz y otras regiones de Bolivia, según el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. La mesa de diálogo entró en un cuarto intermedio.
Límites del diálogo con la COB
El ministro José Luis Lupo afirmó que cualquier entendimiento con la Central Obrera Boliviana (COB) debe respetar la Constitución, las leyes y la independencia de poderes. Lupo garantizó que el Ejecutivo no promoverá medidas que favorezcan a personas procesadas por hechos contrarios a la ley. “Un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley”, declaró. Las solicitudes sobre detenidos serán analizadas de forma individual por las instancias correspondientes.
Consecuencias de los bloqueos
Lupo mencionó que durante el conflicto se registraron agresiones a policías, destrucción de bienes y fallecimientos. También se impidió el paso de ambulancias y oxígeno. El ministro descartó cualquier posibilidad de cogobierno con la COB y reiteró que la administración nacional mantendrá sus atribuciones constitucionales. El desbloqueo de carreteras es condición fundamental para avanzar en las negociaciones, ya que el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos continúa afectado.
Origen del cuarto intermedio
La COB aceptó instalar una mesa de diálogo con el Gobierno, pero las conversaciones entraron en cuarto intermedio cuando la organización sindical planteó como una de sus primeras demandas la liberación de personas detenidas durante las movilizaciones y por hechos delictivos derivados del conflicto. Bolivia cumplió 49 días de bloqueos y movilizaciones.
Implicaciones del diálogo
El diálogo entre el Gobierno y la COB continúa condicionado al respeto a la legalidad y al desbloqueo de carreteras. El ministro evalúa la aplicación del Estado de Excepción si las condiciones operativas lo requieren. La COB insiste en la liberación de detenidos como demanda principal, mientras el Gobierno mantiene su postura de no otorgar impunidad.
