Argollo evalúa levantar bloqueos tras 42 días de conflicto
La COB consultará a sus bases la continuidad de las medidas de presión, aunque mantiene la movilización contra el Gobierno de Rodrigo Paz. El anuncio se produce en un contexto de desabastecimiento y desgaste ciudadano.
Líder obrero abre una rendija al diálogo
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó que «vamos a consultar cómo está el ánimo dentro de nuestras organizaciones». La declaración se produce a 42 días de conflicto con bloqueos en La Paz y Cochabamba. Argollo ratificó que las bases siguen movilizadas contra el Gobierno de Rodrigo Paz. El dirigente señaló que los sectores están «golpeados» y «haciendo un sacrificio».
Denuncias y demandas penales
Sobre Argollo pesa una demanda penal por destrozos en una marcha de la COB el 18 de mayo. Ese día hubo saqueos y robos, incluso a un lustrabotas. El Gobierno promovió levantar la orden de aprehensión contra él, pero el dirigente no asistió. Argollo culpó a «infiltrados» de los excesos. Las protestas exigen el acortamiento del mandato del presidente Paz, según un acuerdo firmado con la Federación Túpac Katari.
La movilización y sus argumentos
Argollo insistió en que la movilización responde a la «pérdida de confianza en el Gobierno» y al incumplimiento de promesas electorales. Cuestionó la abrogación del decreto 5503 y la denuncia de «gasolina basura». Negó que las protestas reciban financiamiento del expresidente Evo Morales, quien exige la renuncia de Paz. Argollo afirmó que los sectores se sostienen con recursos propios y ollas comunes.
Antecedentes de la crisis
La crisis estalló tras la abrogación del decreto que subvencionaba los hidrocarburos. El expresidente Evo Morales, desde el Chapare, participa en las protestas y exigió un plazo de 90 días para nuevas elecciones. El exmandatario renunció en 2019 en medio de protestas por un presunto fraude electoral.
Implicaciones de la evaluación en las bases
La posible desconvocatoria de los bloqueos dependerá del ánimo de las organizaciones de la COB. El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, mantiene canales de diálogo abiertos, pero advierte que La Paz no puede seguir «secuestrada». La decisión de la COB afectará el desabastecimiento y la economía popular.