Denuncian uso de población como «carne de cañón» por bloqueos en Bolivia

El diputado Carlos Alarcón (Unidad) propone procesar al Gobierno por omisión ante los bloqueos que, tras 40 días, provocan desabastecimiento y 13 fallecidos en La Paz.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
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Foto: Oficina del Presidente / Autor no disponible / El Diputado

Diputado pide enjuiciar al Gobierno por omisión en bloqueos

Diputado Carlos Alarcón sugiere procesar al Gobierno por inacción ante bloqueos que causan crisis humanitaria. La situación lleva más de 40 días. El presidente Rodrigo Paz no ha intervenido para liberar las carreteras.

Acusación de omisión gubernamental

El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, afirmó que la población es utilizada como carne de cañón por la violencia criminal de los bloqueadores y la inacción del Gobierno. Señaló que las autoridades deberían ser enjuiciadas por omisión, al no adoptar medidas para restablecer la transitabilidad y evitar pérdidas humanas y económicas.

Declaración de estado de excepción no aplicada

Alarcón indicó que el presidente podía recurrir a la declaratoria de estado de excepción tras la abrogación de la «Ley Copa», pero decidió dilatar la medida y enviar un nuevo proyecto de ley a la Asamblea. El Legislativo aprobó con celeridad el proyecto, pero el mandatario no lo ha aplicado.

Responsabilidades diferenciadas

El parlamentario insistió en que existen responsabilidades diferenciadas: los promotores de los bloqueos deben ser demandados por acción, y el Gobierno, por omisión. Destacó que la situación afectó la salud y la vida de 13 fallecidos que buscaban atención médica.

Crisis humanitaria en La Paz

Los bloqueos, que se mantienen desde hace más de 40 días, han provocado una crisis humanitaria por el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible en el departamento de La Paz. La Constitución Política del Estado garantiza la libre transitabilidad, pero el Gobierno decidió no intervenir todos los puntos de bloqueo.

Implicaciones judiciales

Alarcón concluyó que el Gobierno debería ser enjuiciado por omisión, mientras que los organizadores de los bloqueos deben responder por acción. La falta de respuesta estatal deja a la población atrapada entre la violencia criminal y la inacción oficial.

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