La ALD de Santa Cruz exige a Paz activar la Constitución
María René Álvarez pide al presidente Rodrigo Paz activar mecanismos constitucionales ante las protestas en Bolivia. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz se pronunció este viernes 15 de mayo de 2026 sobre los bloqueos y disturbios que afectan al país.
Llamamiento a la defensa del orden constitucional
Álvarez instó a Rodrigo Paz a cumplir su juramento y activar todos los mecanismos constitucionales para defender el voto popular. Afirmó que la Constitución no puede ser un elemento decorativo y que el silencio de las autoridades no puede ser una opción ante la amenaza a la democracia.
Protestas con violencia y víctimas mortales
Las movilizaciones, que comenzaron como demandas al Gobierno, incluyen pedidos de renuncia del presidente Paz. En La Paz se reportan 24 puntos de bloqueo y, el jueves 14 de mayo, se registraron enfrentamientos, saqueos y disturbios. Se han contabilizado tres víctimas fatales, entre ellas una persona extranjera.
Actores de las protestas y demanda de unidad
Las protestas en La Paz son impulsadas por la COB, los Ponchos Rojos, la Confederación “Bartolina Sisa” y trabajadores fabriles afiliados a la COD, grupos afines a Evo Morales. En Santa Cruz y Cochabamba, maestros urbanos y rurales también se movilizan. Álvarez pidió a todas las autoridades electas del país defender unidos el voto del pueblo boliviano.
Antecedentes de la crisis social
Bolivia atraviesa más de diez días de conflictos y movilizaciones sociales. La crisis se ha intensificado con bloqueos y disturbios en varias regiones, especialmente en la sede de Gobierno, La Paz. La ALD de Santa Cruz ha instado a las autoridades nacionales a expresar su postura y actuar con firmeza.
Implicaciones del pronunciamiento de Santa Cruz
Álvarez advirtió que Bolivia no puede retroceder al caos o a la imposición de intereses particulares. Desde Santa Cruz, aseguró que mantendrán una postura firme en defensa de la democracia, el respeto a la Constitución y la seguridad jurídica del voto popular. La región se posiciona como un actor clave en la defensa del orden constitucional.
