Policía niega uso de armas en desbloqueo de Cotapachi y denuncia emboscada
Dos personas fallecieron y más de una decena resultaron heridas, incluidos siete policías, durante el operativo para desbloquear el botadero de Cotapachi en Colcapirhua. La Policía Boliviana rechaza las acusaciones de disparos y afirma que sus efectivos fueron atacados al cumplir una orden judicial.
Versión policial y desarrollo del enfrentamiento
El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alejandro Basto, declaró que los efectivos “fueron emboscados” al salir de la zona. Los hechos ocurrieron la mañana del lunes cuando unidades antidisturbios ingresaron a Cotapachi para habilitar el acceso al relleno sanitario, bloqueado desde hacía 12 días.
Investigación en marcha y denuncias de secuestro
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investiga los hechos bajo los tipos penales de homicidio, instigación pública a delinquir y lesiones. El abogado de la defensa policial, Rolando Ramos, denunció que varios uniformados fueron víctimas de secuestros, torturas y ataques con objetos contundentes y presuntos explosivos. Dos sargentos y dos tenientes habrían sido retenidos y golpeados.
Balance médico y pericias técnicas
El director del hospital Benigno Sánchez de Quillacollo, Julio Orozco, informó que 16 personas fueron afectadas. Trece heridos fueron atendidos en ese centro, dos de ellos sin signos vitales. Peritos analizan indicios balísticos para determinar el origen de los disparos. El viceministro de Régimen Interior, Jorge García Pinto, confirmó que las autopsias de las dos víctimas fatales ya se practicaron.
Marco legal del operativo
La intervención policial se realizó en cumplimiento de una resolución judicial emitida en el marco de una acción popular. El abogado Ramos sostuvo que la actuación fue “legal y proporcional”, argumentando que el bloqueo representaba un riesgo para la salud pública.
Antecedentes del conflicto en el botadero
El acceso al relleno sanitario de Cotapachi, en el municipio de Colcapirhua, estaba bloqueado por comunarios desde hacía 12 días antes del operativo policial del lunes. La acumulación de basura motivó una acción popular que derivó en la orden judicial para el desbloqueo.
Cierre de las investigaciones
Las autoridades, incluyendo al Ministerio Público que conformó una comisión de fiscales, reiteraron que el objetivo es establecer la verdad de los hechos e identificar a los responsables del uso de armas letales. La investigación no descarta la participación de grupos de choque ajenos a la comunidad y busca evitar que el conflicto por la gestión del botadero derive en nuevos episodios de violencia.
