Gobierno acusa a la COB de querer cogobernar
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó de «absurdas» las condiciones de la COB para dialogar y le instó a formar un partido político. El conflicto, que dura 50 días, ha agravado la crisis económica en Bolivia.
La COB exige liberar a detenidos para sentarse a negociar
La Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Mario Argollo, aceptó dialogar con el Gobierno el miércoles en La Paz, pero el encuentro entró en cuarto intermedio. La organización exigió la liberación de los detenidos durante el conflicto como primera condición. El ministro Lupo rechazó la petición, alegando que se han cometido delitos, como bloquear el paso de ambulancias, y que «no puede haber impunidad». Añadió que se revisará cada caso, pero sin una amnistía general.
Condiciones para un «cogobierno»
Lupo afirmó que la COB también pretende prohibir negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y limitar el manejo de precios de carburantes o la aprobación de nuevas normativas. El ministro interpretó estas exigencias como una «intención de cogobernar o gobernar prácticamente». Por ello, sugirió que la COB forme un partido político y gane las elecciones para aplicar su programa.
Un diálogo con temas separados
El ministro instó a un diálogo «sincero y honesto». Señaló que los temas reivindicativos se atenderán en mesas de trabajo, mientras que los «maximalistas», que buscan cogobernar, quedan fuera de la negociación. El Gobierno insiste en que no violará la separación de poderes ni las leyes del país.
Antecedentes: 50 días de conflicto en Bolivia
El conflicto impulsado por la COB, que comenzó hace 50 días, ha destruido la economía boliviana, según el Gobierno. Durante este periodo se registraron 49 bloqueos de carreteras y actos de violencia, como el saqueo de una subalcaldía en El Alto. Las protestas han afectado gravemente a la población y a los sectores productivos.
Implicaciones de las exigencias de la COB
Las condiciones impuestas por la COB bloquean un acuerdo inmediato y profundizan la crisis social. El Gobierno descarta ceder ante «condiciones absurdas», lo que prolonga la incertidumbre. La postura del Ejecutivo refuerza la idea de que la solución pasa por la vía electoral, no por la presión en las calles.
