Sector productivo exige cárcel para responsables de bloqueos
Exportadores, agropecuarios y transportistas pidieron cárcel para los responsables de los bloqueos que mantienen cerradas las rutas de Bolivia desde hace más de 40 días. Los dirigentes denunciaron pérdidas millonarias y una crisis humanitaria para los conductores varados.
Pérdidas millonarias y crisis humanitaria
Oswaldo Barriga, presidente de la CANEB y de la CADEX, informó que las pérdidas para el sector exportador alcanzaron los 978 millones de dólares hasta el 16 de junio. Barriga exigió “cárcel para las personas que han incitado a esta violencia” y pidió investigaciones para identificar a los financiadores de los bloqueos. El presidente de la CAO y de la Confeagro, Klaus Frerking, advirtió que la seguridad alimentaria del país corre riesgo, con 180.000 litros de leche diarios sin destino en Cochabamba y una caída de la faena de ganado en Santa Cruz de 2.500 a 1.400 reses diarias.
Conductores varados y fallecidos
Luis Añez, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional de Carga, denunció que miles de transportistas están “verdaderamente secuestrados” en las carreteras. El presidente de la CTO, Erlan Melgar, confirmó el fallecimiento de tres conductores y alertó sobre la falta de acceso a alimentación, agua potable y medicamentos. El sector transportista se sumará a las acciones legales para exigir responsabilidades civiles y penales.
Antecedentes: más de 40 días de bloqueos
Los bloqueos de carreteras se prolongan desde hace más de 40 días en casi todo Bolivia. Los dirigentes denunciaron que los cortes de rutas han generado millonarias pérdidas económicas, afectaciones a la producción y una crisis humanitaria para cientos de conductores varados, algunos durante semanas.
Implicaciones para la economía y el diálogo
Los representantes del sector productivo advierten que, sin sanciones a los responsables, la seguridad jurídica, la inversión y el empleo seguirán amenazados. Aunque el Gobierno inició acercamientos con la COB, los dirigentes exigen que la Constitución y la ley estén por delante de cualquier acuerdo y que se reactiven la producción y el transporte de forma segura.
