La Defensoría alerta a la CIDH por la crisis humanitaria de los bloqueos en Bolivia

La Defensoría del Pueblo alertó a la CIDH sobre una crisis humanitaria en Bolivia por bloqueos de más de 40 días, con 5.000 transportistas varados sin acceso a derechos básicos.
Correo del Sur
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Defensoría denuncia ante CIDH crisis humanitaria por bloqueos

Más de 5.000 transportistas varados sufren vulneración de derechos. La Defensoría del Pueblo remitió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 14 de junio, alertando de una crisis humanitaria interna por los bloqueos de carreteras que superan los 40 días.

Vulneraciones a derechos esenciales

El informe de la Defensoría advierte que los bloqueos han pasado de ser una protesta a un factor de crisis humanitaria. Más de cinco mil transportistas permanecen varados en rutas del país, enfrentando la vulneración de derechos como la vida, la salud, la alimentación, el acceso al agua, la libre circulación y el trabajo.

Responsabilidad del Estado boliviano

La institución defensorial identifica como causa la falta de medidas estatales oportunas. Señala que existe una afectación desproporcionada y que el Estado boliviano tiene la obligación inmediata de establecer mecanismos de diálogo para reducir el impacto sobre terceros.

Solicitud de medidas urgentes a la CIDH

La Defensoría alerta que la crisis se agrava por la ausencia de acciones como pasos humanitarios, provisión de alimentos y atención médica. Solicitó a la CIDH enviar una comunicación oficial al Estado para instar a garantizar asistencia médica y alimentaria, habilitar corredores humanitarios y promover el diálogo con los sectores movilizados.

Antecedentes de la crisis

El documento, fechado el 14 de junio, detalla que los bloqueos se prolongan por más de 40 días, lo que ha transformado la protesta en una crisis humanitaria que afecta a transportistas varados en diferentes rutas del país.

Repercusión e implicaciones del informe

La comunicación a la CIDH busca que el organismo internacional presione al Estado boliviano para que adopte medidas inmediatas. La repercusión del caso implica una posible intervención de la CIDH para frenar las vulneraciones a los derechos de los transportistas retenidos en las carreteras.

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