Áñez reclama 1,5 millones de bolivianos de renta retroactiva
La expresidenta Jeanine Áñez exige el pago retroactivo de su renta vitalicia desde noviembre de 2020, lo que suma más de 1,5 millones de bolivianos. La cifra corresponde a 61 meses sin cobro, según el cálculo sobre el monto que percibían los exmandatarios hasta diciembre de 2025.
El origen de la deuda
Jeanine Áñez fue presidenta de Bolivia desde el 12 de octubre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020. El gobierno de Luis Arce nunca le reconoció ese estatus, lo que impidió el pago de la renta vitalicia establecida en la Ley N° 376, promulgada por Evo Morales en mayo de 2013. Esta ley fija el pago de 10 salarios mínimos mensuales a exmandatarios.
El monto exigido
Hasta diciembre de 2025, el pago mensual era de 25.000 bolivianos. La expresidenta reclama el cobro de 61 meses, desde que dejó la presidencia el 8 de noviembre de 2020. La operación aritmética arroja un total de 1.525.000 bolivianos.
Áñez afirma que realizó sus trámites y que el gobierno de Arce se los negó. “Durante años solicité la certificación necesaria para acceder a ese derecho, pero nunca me fue entregada”, justificó en un tuit. La expresidenta fue detenida el 13 de marzo de 2021 y permaneció en prisión durante todo el mandato de Arce, hasta su salida el 6 de noviembre de 2025.
La postura del Gobierno
El Gobierno responde que la ley “no contempla pagos retroactivos” por períodos anteriores al reconocimiento del derecho. “La Ley N° 376 establece los requisitos y el procedimiento para acceder a la renta vitalicia, pero no contempla pagos retroactivos”, señala la respuesta oficial. Para el Ejecutivo, el tema está cerrado y honrará el salario desde enero de 2026, cuando concluyó el trámite y se autorizaron los pagos.
Antecedentes: una lucha de cinco años
Áñez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 e ingresó a prisión dos días después. Durante todo el gobierno de Luis Arce, los gobernantes le negaron sistemáticamente el pago por no tener la “credencial” como presidenta. Recién con el triunfo del PDC en las urnas se abrió la posibilidad, y el 6 de noviembre de 2025, dos días antes de que Arce dejara el poder, salió del penal de Miraflores.
Implicaciones del conflicto
La reclamación de Áñez plantea una diferencia de interpretación legal sobre la aplicación de la Ley N° 376. Mientras la expresidenta defiende su derecho al pago retroactivo desde el fin de su mandato, el Gobierno se acoge a la literalidad de la norma, que no prevé pagos por períodos anteriores al reconocimiento administrativo. La resolución de este caso podría sentar un antecedente para futuras reclamaciones de otros exmandatarios, como Jaime Paz Zamora.
