Gobernador exige intervención policial urgente por avasallamiento armado en Santa Rita

El gobernador cruceño Juan Pablo Velasco pidió a la Policía y al Ministerio Público actuar ante un nuevo avasallamiento armado en la propiedad Santa Rita, donde encapuchados retuvieron a 20 trabajadores.
EL DEBER
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Velasco exige intervención policial por avasallamiento en Santa Rita

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, exigió este viernes la intervención de la Policía Boliviana y del Ministerio Público tras una nueva denuncia de avasallamiento armado en la propiedad productiva Santa Rita, ubicada en el municipio de El Puente, provincia Guarayos. El predio fue ocupado por un grupo de encapuchados armados que retuvieron a 20 trabajadores.

Gobernador exige intervención por ocupación armada

Juan Pablo Velasco afirmó haber tomado contacto con los afectados y recordó que no se trata de un hecho aislado, sino de un conflicto recurrente que ya se habría registrado en al menos cinco ocasiones desde julio de 2024. “Voy a hacer un seguimiento especial a este caso, siempre precautelando el respeto a la propiedad privada”, señaló.

Denuncia de la propietaria del predio

Según la denuncia presentada por la propietaria Melisa Barba, un grupo de sujetos encapuchados llegó a bordo de motocicletas, amenazó a los trabajadores y aseguró contar con una supuesta orden para tomar posesión de la propiedad. “Los avasalladores son todos interculturales, algunos de ellos viven en San Pedro y Sagrado Corazón”, denunció Barba. La propiedad Santa Rita comprende cerca de 5.000 hectáreas destinadas a la producción agrícola.

Antecedentes de conflicto en Santa Rita

La propiedad Santa Rita ya fue escenario de otros conflictos similares. En julio de 2025, la Policía ejecutó un amplio operativo para recuperar el control del predio luego de una ocupación ilegal. Velasco remarcó que cualquier controversia relacionada con la tenencia de tierras debe resolverse por la vía legal y no mediante acciones de fuerza.

Implicaciones y seguimiento del caso

El gobernador anunció que realizará un seguimiento especial al caso y reafirmó su posición en defensa de la propiedad privada y de la seguridad jurídica como pilares para la producción y la inversión. Las autoridades nacionales aún no emitieron un informe oficial sobre las acciones que se desplegarán para restablecer el control del predio.

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