El Comité pro Santa Cruz critica la decisión judicial que libera a dirigentes

El Comité pro Santa Cruz rechazó la decisión judicial que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Mario Argollo. Su vicepresidente, Agustín Zambrana, calificó el fallo como una negociación entre el Gobierno y sectores bloqueadores.
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El Comité pro Santa Cruz critica la anulación de orden contra Argollo

Un juez de La Paz dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Mario Argollo, lo que ha generado el rechazo del Comité pro Santa Cruz. El vicepresidente primero, Agustín Zambrana, calificó la decisión como resultado de una negociación entre el Gobierno y los sectores bloqueadores.

Crítica del Comité pro Santa Cruz

Agustín Zambrana considera que con esta sentencia judicial «el Estado se ha puesto de rodillas» y se están perdiendo los principios de un Estado de derecho. El cívico reiteró que «hoy estamos ante un Estado fallido» y cuestionó al Gobierno por no haber solucionado una problemática en 30 días.

Cuestionamiento a la actuación judicial

Zambrana expresó que la decisión del tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer de La Paz es resultado de «una negociación» a cambio de un diálogo. El dirigente señaló que la justicia actúa políticamente y que el ciudadano que bloquea o saquea queda protegido, mientras el buen ciudadano tiene menos protección.

Antecedentes del conflicto

La COB dispuso un paro nacional con bloqueo de carreteras el 1 de mayo, iniciando los bloqueos en La Paz el 4 de mayo. El Gobierno convocó al diálogo para atender las demandas, y los sectores movilizados condicionaron cualquier avance a la anulación de las órdenes de aprehensión. El propio Gobierno anticipó garantías para que los representantes puedan asistir a las mesas de negociación.

Implicaciones de la decisión judicial

Zambrana considera que estas determinaciones judiciales dejan indefenso al ciudadano y otorgan impunidad a quienes han participado en bloqueos y saqueos. La crítica apunta a que la justicia protege a los sectores movilizados mientras el Estado no toma decisiones para resolver el conflicto en 30 días.

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