Bolivia activa control digital para exautoridades
El Gobierno nacional activó un sistema informático que impide la salida del país a exautoridades sin autorización. La Contraloría y Migración implementaron esta medida este miércoles para garantizar la permanencia obligatoria durante seis meses tras el cese de funciones.
Nuevo sistema de vigilancia
La contralora interina, Sandra Quiroga Solano, informó que el Sistema Informático de Control y Seguimiento permite registrar, monitorear y verificar el cumplimiento de la permanencia obligatoria en territorio nacional. La medida se oficializó mediante la Resolución N° CGE/081/2026 y el Instructivo IE/CE-146, aprobados el 18 de mayo, en el marco de la Ley N° 1352 modificada por la Ley N° 1709.
Obligación de seis meses
El sistema afecta a exautoridades del nivel central y de entidades territoriales autónomas. Quiroga señaló que la normativa busca garantizar la entrega ordenada de documentación institucional, la continuidad administrativa y la atención de posibles procesos derivados de la función pública.
Interoperabilidad con Migración
El director general de Migración, Eddy Alfredo Ordoñez Caba, indicó que el sistema contará con interoperabilidad con su despacho. Esto permitirá disponer de información actualizada sobre designaciones, cesaciones, conclusión de mandatos y dejación de cargos.
Tres perfiles funcionales
La plataforma tendrá tres perfiles: Administrador, Revisor y Registro. Serán operados por responsables de Recursos Humanos de instituciones públicas, quienes deberán reportar oportunamente la información requerida.
Antecedentes de la normativa
La Contraloría recordó que la Ley N° 1352, modificada por la Ley N° 1709, establece la permanencia obligatoria de exautoridades en el país durante seis meses tras el cese de funciones. Esta obligación busca garantizar la entrega ordenada de documentación y la continuidad administrativa.
Implicaciones del control digital
La CGE busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control gubernamental. Todas las instituciones del nivel central, departamental, regional y municipal deberán cumplir obligatoriamente con el registro de información en el sistema, conforme al instructivo aprobado.