El anteproyecto de la Ley del Litio entra en fase final en Potosí

El anteproyecto de la Ley del Litio impulsado desde Potosí está prácticamente concluido. El documento fue consolidado tras una segunda “precumbre” en Colcha K, con participación de sectores cívicos, académicos y provinciales. La redacción académica y científica corre a cargo de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF).

Críticas a la falta de transparencia del Ejecutivo

Alberto Pérez, representante del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), cuestionó al Gobierno por impulsar procesos de socialización paralelos liderados por el viceministro de Energías Alternativas, Eduardo Osorio, en Uyuni. Según Pérez, el Ejecutivo no ha presentado públicamente su propia propuesta legislativa y no se conoce su contenido. Comcipo y la universidad decidieron no participar en las convocatorias oficiales hasta que ambas propuestas sean debatidas públicamente. El dirigente advirtió que avanzar sin consenso podría generar conflictos en la Asamblea.

Paralización de contratos internacionales

Pérez vinculó la necesidad de la ley con los contratos suscritos por el gobierno de Luis Arce con empresas de China y Rusia. Dichos acuerdos se encuentran paralizados tras la intervención de un juez agroambiental que observó posibles vulneraciones constitucionales y riesgos ambientales. El dirigente señaló que, sin una normativa clara, será difícil reactivar esos convenios.

Antecedentes: socialización sin propuesta oficial

El anteproyecto regional se elabora en medio de cuestionamientos al Gobierno por presunta falta de transparencia. Pérez afirmó que los componentes sociales y jurídicos ya fueron consensuados y que ahora se busca consolidar una norma con sustento técnico para regular la explotación e industrialización del litio, con garantías ambientales y seguridad jurídica.

Implicaciones: consenso como condición para inversiones

Pérez consideró que, una vez aprobada una ley consensuada, Bolivia podría abrir nuevas convocatorias internacionales para empresas interesadas, independientemente de su origen, siempre que ofrezcan condiciones favorables. La falta de normativa clara bloquea la reactivación de los contratos actuales.