La Ley 1720 divide a Bolivia entre marchistas y agro

El sector agropecuario del oriente anunció medidas de presión progresivas en defensa de la Ley 1720, mientras los marchistas mantienen un piquete en La Paz para exigir su abrogación. El conflicto ingresó en una nueva etapa tras un acuerdo del Gobierno con una confederación de campesinos.

Marchistas exigen abrogación de la norma

Los marchistas, que llegaron a La Paz desde el norte del país, instalaron un piquete de protesta en el centro paceño. Afirman que permanecerán en el lugar hasta que se abrogue la ley. La norma es rechazada por sectores indígenas, campesinos y sindicales, porque consideran que afecta a las pequeñas tierras al habilitar su conversión voluntaria en medianas propiedades, lo que las sometería a reglas de mercado. Los marchistas cuentan con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de parlamentarios.

Defensa del sector agropecuario

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se pronunció en defensa de la Ley 1720 y en contra del Decreto 5613, que dispone lineamientos para la titulación de tierra en Beni y Pando. La CAO advirtió que “miles de pequeños productores que hoy no acceden al crédito formal seguirán excluidos del sistema financiero”. La entidad anunció medidas de presión progresivas, comenzando con una Asamblea de Productores el 14 de mayo en Montero.

Conflicto entre sectores por la Ley 1720

La Ley 1720 habilita la conversión voluntaria de pequeñas propiedades en medianas, permitiendo que sean objeto de compraventa y crédito bancario. Los defensores de la ley señalan que la conversión es voluntaria y permite decidir de manera libre sobre las propiedades para obtener financiamiento productivo. El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, acusó al Gobierno de negociar “sobre la espalda del pequeño productor y del campesino” y anunció la convocatoria a sectores productivos, campesinos y provinciales a movilizarse.

Reacciones de actores en el conflicto

La Ley 1720 ha generado un foco de conflicto para el Gobierno. El conflicto entró en otra etapa después de que el Gobierno abrió la posibilidad de abrogar la norma mediante un acuerdo con una confederación de campesinos, lo que encendió las alarmas en el sector productivo del oriente. La CAO afirmó que las medidas “no son errores técnicos, son decisiones políticas que tienen un costo humano concreto”.