CEDLA alerta que flexibilización laboral consolidará la precariedad
La precariedad laboral extrema en Bolivia pasó del 57,2% al 73,7% entre 2008 y 2023 en las cuatro principales ciudades del país. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) advierte que la reforma flexibilizadora del gobierno no resolverá la crisis del empleo.
Diagnóstico errado sobre el mercado laboral
El boletín “Alerta Laboral N° 94” del CEDLA afirma que el problema del empleo en Bolivia no es el exceso de derechos, sino su incumplimiento generalizado y una estructura productiva que no genera trabajo de calidad. El informe señala que el empleo no precario se redujo a un marginal 9,3%. Más del 80% de las mujeres se encuentra en precariedad extrema, y la precariedad entre trabajadores calificados casi se duplicó, pasando del 25,6% al 44,3% en quince años.
Modelo económico sin transformación
El estudio atribuye esta situación al modelo económico de las últimas dos décadas. A pesar del crecimiento del PIB y la alta inversión pública, el 81,1% del incremento de unidades económicas entre 2008 y 2025 correspondió a empresas unipersonales en comercio y servicios de baja productividad. “El mercado laboral boliviano ha dejado de premiar la capacitación”, concluye el informe.
Flexibilización como amenaza para los derechos
El nuevo gobierno impulsa una reforma laboral argumentando que el escaso empleo formal se debe a los altos costos laborales por rigidez normativa. Para el CEDLA, se trata de un diagnóstico equivocado. “La flexibilización actúa sobre el margen más reducido del mercado laboral y deja intacto su núcleo precario”, advierte el documento. Añade que, al expandirse el trabajo sin contrato ni protección, la precariedad deja de ser excepción para convertirse en norma, legitimando la ausencia de derechos.
Propuesta del CEDLA para evitar la normalización de la precariedad
El CEDLA plantea que el desafío no es flexibilizar, sino evitar que la precariedad se normalice aún más. Para ello, exige transformar la estructura productiva, promover sectores generadores de empleo de calidad y garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa laboral.