El Gobierno gestionará la abrogación de la Ley 1720 ante la Asamblea
El Ejecutivo se comprometió a gestionar la abrogación de la Ley 1720 en la Asamblea Legislativa, según un acta firmada este 6 de mayo de 2026 con la CSUTCB. El acuerdo se produjo tras la llegada a La Paz de una marcha indígena en rechazo a la norma.
Compromiso gubernamental y reacción campesina
El vocero presidencial José Luis Gálvez informó que el Gobierno firmó un acta de coordinación y trabajo con la CSUTCB. Gálvez afirmó que se busca “ampliar el sentido de la ley para que abarque a todos los bolivianos”. El acta fue suscrita por el presidente Rodrigo Paz y dirigentes de la organización campesina. Gálvez explicó que el Gobierno no puede anular directamente la norma, ya que esa atribución corresponde a la Asamblea Legislativa.
Repercusión de la marcha indígena
Campesinos e indígenas llegaron a La Paz el lunes en una marcha que partió desde Pando en rechazo a la Ley 1720. La norma cambia el carácter de la pequeña y mediana propiedad rural para que pueda ser sujeta a crédito bancario.
Demandas incluidas en el acta
El acta incluye demandas de la CSUTCB como la reducción del 50% del salario de los asambleístas, la eliminación de la renta vitalicia para expresidentes y el archivo de la Ley Antibloqueo. La CSUTCB aclaró que mantendrá el estado de emergencia nacional si los problemas del país no son atendidos.
Acuerdos y garantías adicionales
El acuerdo establece el respaldo de la CSUTCB al Gobierno y el pedido de aprobar créditos del BID para saneamiento de tierras. Se garantiza el abastecimiento y la calidad de los combustibles y continuar con resarcimientos por daños a vehículos.
Contexto de la Ley 1720
La Ley 1720 modifica el carácter de la pequeña y mediana propiedad rural para permitir su uso como garantía crediticia. La norma fue aprobada por la Asamblea Legislativa, que es la única instancia facultada para su abrogación.
Implicaciones del acuerdo
El pacto abre la posibilidad de revisar la norma en la Asamblea Legislativa para incorporar distintas posiciones. El Gobierno se comprometió a elaborar un nuevo proyecto consensuado con todos los sectores involucrados. La CSUTCB mantiene el estado de emergencia nacional como medida de presión.
