El Gobierno remite la Ley 1720 a la Asamblea para su posible abrogación

La Ley 1720 pasará a la Asamblea Legislativa para que esta instancia analice su abrogación, según confirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, el 6 de mayo de 2026. El Ejecutivo no tiene potestad para derogar la norma.

Acuerdo con los campesinos y traslado al Legislativo

El Gobierno nacional y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) acordaron que la abrogación de la ley corresponde al Legislativo Nacional. Lupo explicó que la normativa pasará a esta instancia para que analice su abrogación y, a partir de ahí, se cree una nueva ley «con el mismo espíritu, pero con mayor socialización». Los sectores movilizados pedían que la gestión del Ejecutivo solicitara la abrogación, pero Lupo reiteró que esa decisión no está en manos del poder ejecutivo.

Repercusión de la movilización indígena

Indígenas del oriente boliviano marcharon desde Pando hasta La Paz para solicitar la abrogación de la Ley 1720. La norma, promulgada el 10 de abril de 2026 por el presidente Rodrigo Paz Pereira, autoriza al INRA la conversión voluntaria de pequeñas propiedades tituladas a propiedad mediana, con el objetivo de facilitar el acceso a créditos bancarios y la modernización productiva.

Origen parlamentario de la ley

El ministro Lupo recordó que la ley «nació en la Asamblea y se aprobó en la Asamblea». Defendió el espíritu de la norma, que permite discutir el tema de la tierra y territorio en Bolivia, al considerar la tierra como un activo para que los pequeños productores accedan a créditos y, voluntariamente, se conviertan en medianos.

Implicaciones del proceso legislativo

La decisión final sobre la abrogación de la Ley 1720 recae en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Ejecutivo impulsa la elaboración de una nueva ley que mantenga el mismo espíritu, pero que cuente con la socialización necesaria entre departamentos, sectores sociales y empresariales.