El Gobierno acuerda gestionar la abrogación de la Ley 1720
El Ejecutivo se comprometió a canalizar la abrogación de la Ley 1720 ante la Asamblea Legislativa tras un diálogo con campesinos en la Casa Grande del Pueblo. El acuerdo se registró en un acta firmada por el presidente, los titulares de las Cámaras y la CSUTCB.
Compromiso del Ejecutivo y rol del Legislativo
El presidente Rodrigo Paz Pereira, junto a los titulares de las cámaras de Senadores y Diputados, asumió el compromiso de gestionar la abrogación de la Ley 1720. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, precisó que la decisión final recae en el Órgano Legislativo. El senador Branko Marinkovic indicó que la Asamblea Legislativa es un órgano autónomo y que no está obligada a acatar los acuerdos suscritos. El pleno definirá el futuro de la norma.
Actores y repercusión del acuerdo
El entendimiento quedó reflejado en un acta de coordinación y trabajo firmada entre autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El presidente Paz Pereira reafirmó su compromiso con el consenso y el diálogo como base de la gestión pública.
Otras demandas incluidas en el acta
El acta incluye además del pedido de abrogación de la Ley 1720, otras demandas impulsadas por la CSUTCB. Entre ellas destacan la reducción del 50% de los salarios de los asambleístas, la eliminación de la renta vitalicia para expresidentes y el archivo de la denominada ley antibloqueo.
Antecedentes de la reunión
La reunión se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo con representantes del sector campesino. El acuerdo se conoció públicamente la tarde del miércoles 6 de mayo de 2026. Los dirigentes informaron que la Asamblea Legislativa podría abordar el tema en los próximos días.
Implicaciones del acuerdo
La gestión del Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa busca la abrogación de la Ley 1720, una norma relacionada con la conversión de tierras. La decisión final dependerá del pleno del Legislativo, que ejerce su autonomía para definir el futuro de la ley y las demás demandas del sector campesino.
