Tubos Reunidos entra en concurso de acreedores con una deuda de 263 millones
El consejo de administración de Tubos Reunidos ha comunicado que no puede hacer frente a sus pagos. La empresa vasca, con 134 años de historia, acumula una deuda de 263 millones de euros y un préstamo de 113 millones de la SEPI. La plantilla, de unos 1.300 trabajadores, está en huelga indefinida.
Deuda multimillonaria y plantilla en huelga
La empresa ha comunicado su insolvencia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a un juzgado de Vitoria-Gasteiz. Salvo que aparezca un inversor, Tubos Reunidos será gestionada por un administrador concursal. La planta metalúrgica, que nació como Tubos Forjados en 1892, también cuenta con sedes en Vizcaya y en Huston (Texas). Los empleados han convocado concentraciones en Orduña, Amurrio y Bilbao.
Aranceles y problemas estructurales
Los aranceles de Donald Trump contra el acero y el aluminio han afectado a la empresa, aunque ya arrastraba graves problemas estructurales y pérdidas en bolsa. La compañía había puesto en marcha un ERE para 242 trabajadores, rechazado por cuatro sindicatos.
Un préstamo público bajo investigación judicial
El Gobierno vasco y la Diputación de Álava pidieron al Gobierno una quita del préstamo de la SEPI, sin éxito. La Audiencia Nacional investiga si el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, cometió un delito de tráfico de influencias para que la compañía recibiera el préstamo en 2021. El juez Antonio Piña indaga presuntas mordidas entre 2021 y 2022.
Implicados y sobornos
Estarían implicados Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, y el empresario Joseba Antxón Alonso, amigo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Según un informe de la UCO, habrían recibido sobornos de Tubos y otras empresas: 700.000 euros de cinco compañías, entre ellas Erri Berri, Carrillo y Montes, Forestalia y Servinabar. En esta última, Cerdán habría tenido una participación secreta del 45%.
El futuro de un emblema industrial vasco
La empresa, que ya fue rescatada en 2021 con un préstamo de la SEPI, se enfrenta a la gestión por un administrador concursal. La investigación de la Audiencia Nacional por presunto tráfico de influencias añade incertidumbre a su viabilidad.
