Seis meses de cárcel para padres que quemaron a su hija en Oruro
La Justicia envió a prisión por seis meses a los padres de una adolescente de 15 años que sufrió quemaduras tras ser rociada con una sustancia inflamable durante una discusión familiar. El caso ocurrió en Oruro y es investigado como tentativa de feminicidio. La madre, de 39 años, fue trasladada al penal La Merced; el padre, de 42, cumple detención en La Paz.
Vecina evitó un desenlace fatal
La noche del 2 de mayo, una vecina escuchó los gritos de la menor en la zona norte de Oruro y acudió a auxiliarla. Su intervención impidió consecuencias más graves. La víctima fue llevada a un centro médico, donde permanece bajo observación con quemaduras de primer y segundo grado.
Padres intentaron ocultar la agresión
En un inicio, la madre presentó el hecho como un accidente doméstico, pero la menor denunció que la agresión fue intencional. El fiscal departamental Aldo Morales afirmó que “nada justifica la violencia ejercida contra una menor” y confirmó que ambos progenitores enfrentan un proceso penal.
Investigación en curso por tentativa de feminicidio
La FELCC y la Fiscalía recolectan pruebas, incluidos testimonios y material de cámaras de seguridad, para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El caso ha generado conmoción y evidencia la gravedad de la violencia intrafamiliar.
Acción ciudadana clave para salvar a la adolescente
La denuncia oportuna de la vecina fue determinante para salvar la vida de la menor. Las autoridades subrayan la importancia de la colaboración ciudadana en casos de violencia doméstica.
Antecedentes del caso
Los padres de la adolescente de 15 años fueron detenidos tras la agresión ocurrida el 2 de mayo en Oruro. La menor fue rociada con una sustancia inflamable durante una discusión familiar y sufrió quemaduras de primer y segundo grado. La madre intentó ocultar el hecho como un accidente.
Implicaciones judiciales y sociales
La detención preventiva de seis meses marca el inicio del proceso penal contra los progenitores. El caso refuerza la necesidad de actuar con firmeza contra la violencia intrafamiliar y destaca el rol de la comunidad en la protección de menores.