Paz cumple seis meses entre pedidos de pacto nacional y alerta de conflictos
El 8 de mayo de 2026, el Gobierno de Rodrigo Paz alcanza su primer semestre en un contexto de demandas de reformas estructurales y amenazas de presión social. El Ejecutivo reivindica avances en ordenamiento fiscal, mientras que el Legislativo, la Defensoría y otros órganos piden un gran acuerdo nacional para sostener la gobernabilidad.
Balance económico entre estabilización y críticas
El Ministerio de Economía destaca el pago de más de 530 millones de dólares de deuda externa, la generación de divisas, la estabilidad del tipo de cambio y un superávit fiscal. El Gobierno sostiene que estos resultados evitaron un deterioro mayor. Sin embargo, la eliminación parcial de la subvención a los carburantes en diciembre de 2025 quedó opacada por el escándalo de la gasolina basura y la crisis en YPFB, que provocó la salida de dos presidentes de la estatal y del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
Posturas divididas en la Asamblea Legislativa
El diputado Carlos Alarcón advierte que el Gobierno muestra señales de debilidad institucional y social y propone una cumbre nacional para reformas, incluida una modificación parcial de la Constitución. El diputado Juan Justo Chávez respalda las medidas del Ejecutivo y apoya el diálogo. El senador José Manuel Ormachea cuestiona que el Gobierno no haya enviado ningún proyecto estructural a la Asamblea y pide priorizar un nuevo pacto fiscal y reformas en hidrocarburos y minería.
Demandas de otros poderes y gobernadores
El Órgano Judicial remitió al Legislativo cinco proyectos para reformar la justicia. El Tribunal Supremo Electoral prepara ajustes a las leyes electorales y a la Constitución. Los gobernadores electos exigen un nuevo pacto fiscal con distribución 50/50. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, insta a la Asamblea a completar la elección de magistrados del TCP para Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, con más de 7.000 expedientes pendientes.
Presión social y convocatoria al diálogo
La COB presiona por un incremento salarial del 20% y otras demandas. El presidente Paz convocó a un gran encuentro nacional para viabilizar leyes estructurales y pidió sustituir los pliegos petitorios por planes de trabajo. La convocatoria incluye a Gobierno, Parlamento, organizaciones sociales y actores productivos. Paz mencionó la necesidad de encuentros específicos sobre minería y tierra.
Antecedentes: Un semestre de contrastes
El Gobierno de Rodrigo Paz asumió en noviembre de 2025 con la promesa de estabilizar una economía en situación absolutamente dramática. En los últimos 120 días, logró estabilizar indicadores clave, pero la conflictividad social volvió con bloqueos y marchas. La fragmentación del PDC impidió una mayoría legislativa sólida, y el Ejecutivo opera con una estructura heredada del MAS.
Implicaciones: Gobernabilidad en juego
La falta de reformas estructurales y la persistencia de la conflictividad social ponen en riesgo la gobernabilidad. El analista Carlos Cordero advierte que, sin atender las demandas, las organizaciones movilizadas podrían presionar incluso por la renuncia del presidente. La convocatoria al diálogo nacional se presenta como una medida urgente para evitar una espiral de tensiones.
