El Gobierno destina 3.500 millones en créditos a inversión y bonos
La contratación de créditos externos por hasta 3.500 millones de dólares se destinará a proyectos de inversión y al pago de bonos sociales, según el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Destino de los fondos y actores implicados
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que los recursos se invertirán en agua, saneamiento, salud, hospitales, carreteras, infraestructura y modernización del Estado. También se usarán para transferencias de bonos sociales de rápido desembolso. El crédito forma parte de los comprometidos por el BID (4.500 millones) y la CAF (3.100 millones).
Reacción de la oposición
La diputada de la alianza Libre Lissa Claros calificó la iniciativa como irresponsable y cuestionó la falta de transparencia. Su colega del PDC Ricardo Rada defendió los recursos como parte de créditos multilaterales para reactivar la economía y criticó la doble moral de opositores que también plantearon solicitar créditos.
Autorización y trámite legislativo
La disposición final segunda del proyecto de ley del PGE 2026 reformulado autoriza la contratación de créditos externos por hasta 3.500 millones de dólares para apoyo presupuestario. El Ministerio de Economía gestionará, negociará y suscribirá la documentación. El Gobierno enviará otros proyectos de ley de préstamos a la Asamblea Legislativa para su aprobación.
Observaciones de la comisión legislativa
La comisión de Planificación de la Cámara de Diputados decidió no aprobar más créditos internacionales hasta tratar el PGE reformulado. Exigen la presencia de tres ministros para que expliquen el destino de los recursos y el avance de los proyectos.
Contexto de la medida
El anuncio se realizó el 30 de abril de 2026. El ministro Lupo aseguró que los recursos se destinarán a proyectos en beneficio de las regiones y que nada del dinero se queda en el Estado central.
Implicaciones de la contratación
El Gobierno recurre a créditos externos de organismos multilaterales para financiar inversiones y bonos, mientras la oposición critica la falta de transparencia y el aumento del endeudamiento. La aprobación legislativa del PGE reformulado es clave para desbloquear los fondos.
