Críticas al proyecto que endurece la inamovilidad por discapacidad

Especialistas alertan de que la propuesta de Ley 388 vulnera derechos al exigir un 50% de discapacidad para acceder a la inamovilidad laboral en el sector público. El texto, impulsado por la diputada Claudia Bilbao Espinoza (PDC), busca frenar el uso indebido del beneficio pero genera rechazo por su posible efecto discriminatorio.

Propuesta legal enfrenta críticas por umbral del 50%

El proyecto de Ley 388, que establece mecanismos para controlar el abuso de la inamovilidad laboral por discapacidad en el sector público, ha sido cuestionado por Jorge Salguero, exfuncionario de la Dirección General de Personas con Discapacidad. Salguero señaló que la exigencia de un grado de discapacidad superior al 50% para padres o tutores vulnera la protección integral de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. “La normativa vigente y las convenciones internacionales establecen que la protección no depende de si la discapacidad es moderada, grave o muy grave”, explicó.

Coincidencias y discrepancias con el proyecto

Mario Cerezo, exdirector ejecutivo del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), coincidió en la necesidad de regular abusos, pero criticó el enfoque conceptual. Cerezo consideró que la norma podría incurrir en un sesgo discriminatorio al centrarse en la “dependencia” y no en la autonomía. También observó inconsistencias en el umbral del 50%, ya que la Ley 977 permite acceder a beneficios desde un grado moderado, cercano al 26%.

Antecedentes: prácticas irregulares y marco normativo vigente

El proyecto de Ley 388 identifica prácticas como el uso del beneficio como fuero personal, duplicidad de beneficiarios y certificaciones desactualizadas, consideradas un fraude al Estado. Para ello propone sanciones como destitución, pérdida de beneficios y procesos penales.

Implicaciones: riesgo de movilizaciones y necesidad de diálogo

Salguero advirtió que una aprobación sin consenso podría desencadenar movilizaciones sociales. “La población con discapacidad es altamente sensible a la vulneración de sus derechos. Se requiere diálogo, empatía y responsabilidad política”, enfatizó. Cerezo planteó que sería más útil reformar la Ley 977 que crear un nuevo marco que podría generar más conflictos.