Cuatro condenados a tres años por asalto al hangar de Marset
Cuatro personas fueron sentenciadas a tres años de cárcel por el robo agravado en el hangar Coloradillo, en Warnes, Santa Cruz. El asalto ocurrió el pasado fin de semana cuando un grupo armado irrumpió en el aeródromo, que permanecía bajo custodia militar y precintado tras operativos vinculados al narcotraficante Sebastián Marset Cabrera.
Asalto armado y objetos sustraídos
La audiencia de procedimiento abreviado, con elementos del Ministerio Público, sentenció a los implicados. El fiscal Michael Medina confirmó que los condenados formaron parte del grupo que irrumpió en el aeródromo. Según reportes militares, al menos 30 personas llegaron al hangar en motocicletas y una camioneta para sustraer objetos almacenados bajo resguardo de Dircabi y la Fuerza Aérea Boliviana. Uno de los implicados portaba bidones de gasolina presuntamente extraídos del interior.
Superación de la vigilancia militar
Los atacantes superaron en número a los militares que vigilaban el predio y lograron ingresar tras dañar la infraestructura perimetral. El hangar estaba bajo custodia estatal tras ser asegurado en operativos por narcotráfico vinculados a Sebastián Marset Cabrera.
Investigaciones en curso tras la condena
Las autoridades policiales y fiscales mantienen operativos en curso para identificar al resto de participantes del asalto masivo y determinar el valor total de los bienes sustraídos. Se ha dispuesto reforzar la seguridad en los predios estatales estratégicos para las investigaciones contra redes criminales.
Contexto del hangar bajo custodia
El hangar Coloradillo, en Warnes, permanecía precintado y bajo custodia militar tras operativos relacionados con la detención de Sebastián Marset Cabrera. Su aseguramiento se vinculaba a estructuras del narcotráfico, lo que añadió relevancia al caso.
Implicaciones del fallo judicial
La sentencia contra los cuatro implicados en el asalto al hangar de Marset refuerza la acción judicial en casos vinculados al crimen organizado, mientras las autoridades buscan cerrar el círculo de responsables y proteger los bienes incautados.
