Juzgado admite demanda por daño ambiental contra exalcalde de San Ignacio de Velasco
La acción legal cuestiona el manejo del botadero municipal sin licencia ambiental. La audiencia de verificación del daño está fijada para el 27 de abril. La demanda fue presentada por la asambleísta electa María René Álvarez.
Acusaciones por negligencia institucional
La demanda señala un prolongado abandono institucional bajo la gestión del alcalde saliente, Ruddy Dorado. Se alega que durante años se permitió el vertido de más de 21 toneladas diarias de residuos sin tratamiento de lixiviados. Este actuar habría afectado la salud de comunidades y la producción agrícola y ganadera.
Oportunidades de solución desaprovechadas
El texto legal menciona proyectos no ejecutados para remediar la situación. Entre ellos, un proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos con financiamiento externo disponible desde 2019 y la iniciativa para un relleno sanitario en un predio de 200 hectáreas.
Audiencia y actores convocados
La audiencia judicial se realizará el 27 de abril en la entrada del botadero. En ella se verificará el daño a fuentes de agua, biodiversidad y salud pública. La resolución cita como terceros interesados al Ministerio de Planificación, la Gobernación de Santa Cruz y la Contraloría General del Estado.
Antecedentes de la demanda
La acción legal fue presentada por María René Álvarez Camacho, exdiputada nacional y actual asambleísta electa por Santa Cruz. Durante su argumentación, Álvarez señaló que esta situación no responde a un hecho fortuito, sino a un prolongado abandono institucional.
Implicaciones y llamado a las autoridades
La asambleísta Álvarez hizo un llamado a las nuevas autoridades electas, instituciones y activistas para exigir el cierre definitivo del botadero y el traslado de las operaciones a un nuevo predio. Reiteró su compromiso de luchar por el bienestar de las comunidades indígenas chiquitanas y la población ignaciana afectada.
