La CNC demandará a dirigentes de la COB y Túpac Katari por bloqueos
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) iniciará acciones legales contra dirigentes de la COB y la Túpac Katari por los 50 días de bloqueos en Bolivia. El anuncio lo hizo el presidente de la CNC, Eduardo Olivo, quien responsabiliza a los líderes por las pérdidas económicas y las muertes durante el conflicto.
Quince fallecidos y daños millonarios
La CNC aprobó por unanimidad demandar a los dirigentes que “han causado este daño al país”. Según la entidad, los bloqueos dejaron al menos 15 fallecidos por falta de atención médica y de camioneros. Las pérdidas económicas se estiman en cerca de 3.000 millones de dólares. Olivo criticó que el Gobierno mostrara preocupación por los bloqueadores y olvidara a los ciudadanos fallecidos.
Los dirigentes señalados
Las acciones judiciales apuntan al ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y al dirigente campesino Vicente Salazar. Ambos encabezaron las protestas junto a sectores afines al expresidente Evo Morales para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Empresarios sostienen que los bloqueos vulneraron derechos constitucionales como el libre tránsito y el trabajo.
Reacciones paralelas en el ámbito político
Legisladores de la alianza Libre también anunciaron procesos contra dirigentes sindicales y campesinos por las consecuencias de los bloqueos. La COB y la Túpac Katari exigen la liberación de detenidos, demanda analizada por una comisión jurídica mixta. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó otorgar impunidad a quienes hubieran cometido delitos.
Antecedentes del conflicto
Los bloqueos se extendieron durante 50 días en Bolivia, impulsados por la COB y la Federación Túpac Katari de La Paz. Las protestas buscaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz y contaron con el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales.
Implicaciones de la demanda
La demanda de la CNC sitúa a los dirigentes sindicales y campesinos como responsables directos de daños económicos y pérdidas humanas. El proceso judicial podría tensar las relaciones entre el Gobierno y las organizaciones sociales, mientras se mantiene la exigencia de liberación de detenidos sin impunidad.
