Un grupo armado retiene a propietarios y trabajadores en Santa Rita
Un grupo armado retiene desde la tarde del miércoles a trabajadores y a dos propietarios en la propiedad agrícola Santa Rita, en el municipio de El Puente, provincia Guarayos. La denuncia fue presentada por Melisa Barba, integrante de la familia propietaria, y el abogado Álvaro Latorre.
Denuncia de retención en la propiedad
La denuncia fue realizada por Melisa Barba y el abogado Álvaro Latorre. Barba declaró: “Mi esposo está en la propiedad y no puede salir junto con su padre. Están secuestrados mi esposo y mi suegro”. Latorre afirmó que el campamento está rodeado por personas armadas que se desplazan en motocicletas y portan armas de fuego.
Actuación del grupo armado
Según el abogado, los ocupantes serían los mismos que protagonizaron una incursión anterior a finales de mayo. “Son los mismos. Todos con el mismo modo operativo”, señaló Latorre. Los denunciados actúan encapuchados y mantienen cercadas las instalaciones de la propiedad agrícola.
Repercusión por la falta de intervención policial
Los denunciantes cuestionaron la ausencia de una intervención policial pese a existir denuncias previas y requerimientos del Ministerio Público. Barba sostuvo que no se había concretado una intervención policial. Latorre advirtió: “La Policía no proporcionó los efectivos pedidos. Si algo llega a pasar, responsabilizamos a la Policía por cualquier situación que pueda suceder”.
Antecedentes del conflicto en Santa Rita
A finales de mayo, un grupo armado ya había protagonizado una incursión en el predio Santa Rita. Tras varios días de tensión, los ocupantes se retiraron del lugar. En esa ocasión se denunciaron daños materiales, robo de insumos agrícolas, amenazas a trabajadores y la muerte de un perro, hecho que derivó en una denuncia por presunto biocidio.
Implicaciones de la retención armada
La retención de propietarios y trabajadores por parte de un grupo armado en Santa Rita mantiene en vilo la seguridad en la zona. La falta de intervención policial, pese a los requerimientos del Ministerio Público, deja a los afectados sin protección inmediata y expone el conflicto por la tierra en la provincia Guarayos.
