Las leyes de EEUU para la minería submarina son obsoletas, según expertos
Las regulaciones actuales son muy básicas y carecen de disposiciones de supervisión, según advierten expertos y el exdirector de la agencia que supervisa la minería submarina en aguas federales de Estados Unidos. El gobierno subastará áreas del lecho marino a partir de agosto de 2026.
Regulaciones «muy básicas» para una industria incipiente
La Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) propuso revisiones administrativas en febrero de 2026 para agilizar los arrendamientos, pero los críticos, como la exdirectora de BOEM Elizabeth Klein, consideran que los cambios debilitan la supervisión al reducir los requisitos de revisión ambiental y limitar la participación pública. Klein calificó las normas actuales de «estructura esquelética» que carecen de disposiciones sobre garantías financieras o demostración de capacidad de las empresas.
El primer arrendamiento comercial del mundo
El gobierno planea subastas en Samoa Americana en agosto de 2026, seguidas de las Islas Marianas del Norte (CNMI) y Alaska. Estas serían las primeras concesiones comerciales para minería submarina del mundo. Sin embargo, el gobernador de Samoa Americana decretó una moratoria en 2024 y el de Guam prohibió la minería en aguas cercanas y el uso de su puerto.
Clasificación como minerales críticos y riesgos legales
La profesora de derecho Robin Craig advierte que la clasificación de los recursos del lecho marino como minerales críticos podría permitir exenciones de leyes ambientales, como ya ocurrió con el petróleo y el gas en el Golfo de México. Esto eliminaría protecciones para especies como la ballena de Rice, en peligro crítico de extinción.
Dificultad para rescindir concesiones
La abogada Bobbi-Jo Dobush señala que «un arrendamiento es extremadamente duradero» y difícil de recuperar para el gobierno, y que los contribuyentes asumirían el coste de cualquier cancelación, como ha sucedido con los arrendamientos eólicos marinos.
Antecedentes: un marco legal de 1953 y 1982
La minería en aguas federales se rige por la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior (OCSLA) de 1953, creada originalmente para petróleo y gas. En aguas internacionales, se aplica la Ley de Recursos Minerales de los Fondos Marinos (DSHMRA) de 1982, una medida provisional anterior a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
Implicaciones: una industria que avanza sin garantías suficientes
Los expertos concluyen que el gobierno de EEUU acelera el proceso sin un marco regulatorio adecuado para proteger el medio ambiente marino, lo que genera riesgos de daños irreversibles y una falta de rendición de cuentas para las empresas mineras.
