Juntas Vecinales y transportistas exigen Estado de Excepción en La Paz y El Alto
El presidente de la Fedjuve, Ronald Garnica, y el dirigente de la Federación del Autotransporte de Tarija, José Larrazabal, coincidieron en la urgencia de declarar el Estado de Excepción para restablecer el orden público. El llamado se produce ante los bloqueos que generan daño económico al país.
Dirigentes piden medidas drásticas
Ronald Garnica declaró que la medida constitucional es necesaria más allá del anuncio del presidente Rodrigo Paz Pereira de reducir los salarios de él y de sus ministros que habían comprometido en la campaña preelectoral. “El cerco en los departamentos del Occidente están generando un gran daño económico al país”, expresó el dirigente vecinal.
Críticas a la pasividad del gobierno
José Larrazabal señaló que mientras no se solucionen los bloqueos, continuará lo mismo en las ciudades de La Paz y El Alto, donde la población sufre ante la pasividad del gobierno. Según el dirigente del autotransporte, si el presidente Rodrigo Paz no toma medidas drásticas basadas en la CPE, no se podrá solucionar el problema de las organizaciones movilizadas.
Diputado detalla el marco legal
El diputado de la Alianza Unidad, Rodrigo Fuenzalida, confirmó que recibieron la convocatoria a una sesión virtual para las 11 de la mañana de este martes. La sesión abordará la abrogación de la Ley 1341, que según Fuenzalida “empantanaba cualquier decisión del gobierno” y limitaba el Estado de Excepción con el riesgo de procesar a las autoridades.
Antecedentes: bloqueos y daño económico
Desde hace días, las organizaciones movilizadas mantienen un cerco en los departamentos del Occidente. Los dirigentes de Tarija vienen solicitando la declaratoria del Estado de Excepción como única vía para poner orden ante el daño económico generado por los bloqueos.
Cierre: implicaciones de la medida
Una vez aprobada la abrogación de la Ley 1341, el presidente Rodrigo Paz tendrá el mecanismo para decretar el Estado de Excepción localizado amparado en la CPE. Los artículos 137 y 140 de la CPE establecen los motivos para su aplicabilidad, y el gobierno deberá dar un informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
