Alarcón propone abrogar ley que limita estados de excepción
El diputado Carlos Alarcón presentó un proyecto para derogar la Ley 1341 que, según el legislador, dificulta la aplicación inmediata de estados de excepción y beneficia a infractores. La iniciativa busca restaurar la facultad del Ejecutivo sobre estas medidas.
Proyecto contra la Ley 1341
El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, presentó un proyecto normativo de un artículo para abrogar la Ley 1341 de Estados de Excepción, promulgada el 29 de octubre de 2020. Alarcón afirmó que la norma actual “establece varios obstáculos” y contempla beneficios para quienes vulneren el estado de excepción.
Crítica a la norma de Eva Copa
La ley fue promulgada por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa. Alarcón señaló que esta norma dispone que la Asamblea Legislativa puede modificar el decreto de estado de excepción, lo que considera una usurpación de funciones del Ejecutivo. También cuestionó que no se establezcan sanciones más severas, como privación de libertad, para los infractores.
Contexto de conflictos sociales
La propuesta surge en medio de conflictos sociales en varias regiones del país, protagonizados por sectores afines al expresidente Evo Morales que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El bloqueo de caminos ha obstaculizado el ingreso de alimentos, medicamentos y oxígeno, y ha impedido la circulación de ambulancias, lo que derivó en el deceso de cuatro personas.
Discrepancias constitucionales
La Ley 1341 establece que el estado de excepción debe ser aprobado por la mayoría del total de legisladores, mientras que la CPE señala que debe aprobarse por mayoría de los asistentes. Además, fija un plazo de vigencia de 60 días, aunque la Carta Magna no define un límite de tiempo. El artículo 9 de la ley indica que no se establecerán sanciones administrativas contra infractores, salvo una multa del 10% del salario mínimo nacional.
Implicaciones de la abrogación
Si se abroga la Ley 1341, el Ejecutivo podría decretar estados de excepción con menos restricciones parlamentarias y sin el plazo de 60 días. La medida también eliminaría los beneficios actuales para infractores y permitiría sanciones más severas, como la privación de libertad, según lo planteado por Alarcón.
