La Asamblea de la Cruceñidad exige un estado de excepción sectorizado

La Asamblea de la Cruceñidad exige al Gobierno declarar un estado de excepción sectorizado para frenar la violencia y los bloqueos de carreteras que comenzaron a inicios de mayo. La entidad convocó además a una marcha para este jueves 21 de mayo en Santa Cruz.

Exigencias a las autoridades

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió en una conferencia de prensa la aplicación de la Ley y del estado de excepción. Demandó que se actúe de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución contra quienes promuevan actos contrarios a la democracia. Se refirió al artículo 137 de la Constitución Política del Estado y a la Ley de Estados de Excepción número 1341.

Convocatoria a la marcha

La Asamblea convocó a la población y a bolivianos de otros departamentos a la Gran Marcha por la Defensa de la Democracia y Rechazo a los Bloqueos el jueves 21 de mayo. Cochamanidis describió la protesta como una manifestación pacífica pero contundente para la Bolivia que trabaja y produce. Exhortó al movimiento cívico nacional a manifestarse desde sus departamentos.

Creación del Consejo Autonómico

La institucionalidad cruceña determinó que el Comité pro Santa Cruz cree el Consejo Autonómico para la materialización de la nueva relación con el estado. Esta instancia técnica, institucional y cívica tendrá la misión de formular una hoja de ruta legislativa para poner fin al modelo centralista, según la resolución publicada.

Antecedentes: Rechazo de otros comités cívicos

Los comités cívicos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Beni rechazaron los actos de violencia registrados en La Paz y los bloqueos de carreteras. Exigieron al Gobierno aplicar la Constitución y restablecer el orden en el país.

Cierre: Funcionamiento del estado de excepción

El periodista y excandidato a gobernador Andrés Gómez explicó que un estado de excepción se aplica ante conmoción interna, guerras o desastres naturales, cuando el Gobierno pierde el control con sus facultades normales. La declaratoria la realiza el Presidente mediante un decreto supremo con una duración máxima de 60 días. El Ejecutivo debe informar a la Asamblea Legislativa en 24 horas; si no lo hace, la disposición caduca. El Parlamento tiene 72 horas para aprobarla o rechazarla. Durante este periodo, el Estado puede restringir derechos, limitar marchas, bloquear reuniones públicas y autorizar el uso de las Fuerzas Armadas. La normativa permite que la intervención se aplique de forma sectorizada.